Una sentencia del Supremo ha puesto las cosas en su sitio: el tribunal ha anulado la exclusión de los festejos taurinos de la lista de actividades en la que los jóvenes que cumplan 18 años pueden gastar los 400 euros que les da el Gobierno en concepto de bono cultural. Con esta resolución, el Ministerio de Cultura, que dirige Miquel Iceta, se ve obligado a dar marcha atrás y a modificar el decreto del 22 de marzo del año pasado que excluyó expresamente las corridas de toros de los espectáculos a los que se podía acceder con la aportación gubernamental. Esta medida fue recurrida por la Fundación Toro de Lidia con argumentos que han sido admitidos por el Alto Tribunal, fundamentalmente la falta de justificación del veto a una actividad artística y cultural que en España está amparada por las leyes. Ahí radica la clave del asunto: la decisión del Gobierno de excluir los toros del bono cultural es producto de la persecución oficial contra una actividad que puede gustar más o menos, pero cuya legalidad no está en cuestión y a la que un animalismo mal entendido ha estigmatizado. Pero los toros -es una evidencia que no habría que subrayar- forman parte de la realidad nacional y cuentan con un altísimo número de partidarios, como se demuestra cada año en los miles de festejos que se organizan. En Andalucía son parte del paisaje y una seña de identidad social y cultural reconocible en todo el mundo. Además, es una actividad que mueve cientos de millones de euros y que da empleo a miles de personas. La discriminación, por lo tanto, no tiene ningún sentido y sólo cabe atribuirla a una decisión política que no tiene otro objetivo que contentar a sectores radicales que se oponen a la pervivencia de la fiesta. El Supremo, con su sentencia clarifica la situación. Pero, a la vista de lo ocurrido durante los últimos años, es de temer que los ataques desde instancias oficiales se sigan repitiendo.