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El Congreso aprobó por unanimidad el pasado 18 de septiembre una reforma legal que permitirá a unos 40 presos de ETA descontar los periodos de cárcel a los que cumplieron en Francia y agilizar, en consecuencia, su salida de prisión. Entre los beneficiarios de la medida se encuentran notorios criminales como Txapote, Anboto, Kantauri o Jon Bienzobas, por citar sólo a algunos con un estremecedor historial de sangre a sus espaldas. La norma, como es fácil adivinar, forma parte de la factura puesta por Bildu encima de la mesa del Gobierno a cambio de blindar su apoyo parlamentario. A diferencia del Ejecutivo, que intenta disfrazar la realidad, los socios de Pedro Sánchez suelen hablar de estas cuestiones con meridiana claridad. Arnaldo Otegi dijo que si para sacar a los presos de ETA había que votar Presupuestos así se haría. Y se está cumpliendo a rajatabla. Lo significativo de la reforma que permitirá acortar los tiempos de prisión a los etarras es que haya estado avalada por los votos del PP y Vox. Sánchez no los necesitaba, le bastaba con el llamado bloque de la investidura, que en esta ocasión iba a votar de forma unívoca. Los dos partidos situados más la derecha cometieron un error garrafal y cayeron en la trampa que se les tendió. ¿Cómo pudieron ser tan ingenuos? Sin duda porque no hicieron bien el trabajo y votaron una medida cuyas consecuencias no habían estudiado y que, lógicamente, sus promotores, tampoco explicaron con altavoces. Pero los responsables máximos de esta enorme muestra de torpeza política son los que dieron su aval en el Congreso a una norma que favorece los intereses de criminales que todavía no han saldado sus deudas con la sociedad y que perjudica al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a las víctimas del terrorismo. Hay todavía demasiadas heridas abiertas y esa es una realidad que conviene no olvidar.
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