No se trata de reformar, hay que rectificar

La propuesta del Ministerio de Justicia a Irene Montero pasa por aumentar las penas mediante la inclusión de los agravantes de violencia o intimidación

La resistencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a rectificar la conocida como ley del sólo sí es sí compromete aún más al Gobierno de Pedro Sánchez con un mal texto jurídico que ha provocado hasta ahora una veintena de excarcelaciones y 400 revisiones de condenas para reos de agresión sexual. Mañana martes se acaba el plazo que el PSOE se ha dado para presentar la proposición de ley que introducirá la reforma. Irene Montero ha terminado por aceptar algún cambio, pero no es el que le propone la ministra de Justicia, Pilar Llop, que lleva enfrascada en esta reforma desde hace una semana, como muestra la suspensión de su participación en la Reunión de Alto Nivel de Marruecos. Llop, que es jurista y especialista en violencia de género, propone que aumenten las penas máximas para los casos de agresión sexual en los que exista el agravante de violencia o intimidación, lo que supone, en parte, una vuelta al modelo anterior. Irene Montero se indigna por ello, porque el principio del consentimiento sale tocado, pero es que si esta ley tiene un arreglo, sólo es la de la rectificación. Una chapuza no soluciona una chapuza inicial. Si el Gobierno sólo dependiese de un partido, si Pedro Sánchez, como presidente, decidiese sobre su conformación sin ataduras, la reforma se haría y supondría el cese, o la dimisión, de la ministra Montero. Esto no significa que ella sea la única responsable, lo es el resto del Gobierno y, en especial, el presidente, porque fueron ministros muy notables los que advirtieron del peligro de las excarcelaciones. Si no hay acuerdo entre los ministerios mañana, el PSOE tramitará una reforma en el Congreso que puede ser aprobada junto al PP. Por lo dicho por Montero esta semana, la ministra tampoco se plantearía su dimisión si la ley se reformase sin su aceptación. Sin embargo, entendemos que tal desautorización obligaría a Pedro Sánchez a prescindir de la ministra o a ligar el futuro del PSOE al de Podemos.

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