El derecho a una vivienda y los okupas

Por fin se aprobó la primera ley de la vivienda de la democracia española. Después de casi cumplirse medio siglo desde la aprobación de la aún vigente Constitución no está mal. Lo digo porque en esa nuestra ley de leyes se recoge en su artículo 47 que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada"; asimismo, se atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Releer estas cosillas en nuestra vieja Constitución me reafirma en mi idea de que si se redactase una nueva en nuestros días quedaría reflejado un ideal de país muy distinto al que la de 1978 plasmó. Prueba de ello es que, al margen de una mínima reforma en 1992 para cumplir con el Tratado de Maastricht, la única enmienda aprobada hasta ahora fue impuesta en 2011 por una coyuntura política resultado de una demoledora crisis económica que convirtió de facto a los Estados democráticos en rehenes de los mercados financieros. Décadas de desregulación los habían convertido en aquel aciago momento en verdaderas alimañas depredadoras. De aquellos polvos, estos lodos con apariencia más bien de negro chapapote parafascista y populista que inunda el mapa de nuestro continente y más allá. Nuestra reforma constitucional de 2011 -no se olvide- fue para modificar el texto del artículo 135 con el solo objeto de dar prioridad al pago de la deuda pública por encima de otras partidas en los presupuestos generales del Estado y garantizar el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas. Si en su Constitución España se define como un "Estado social y democrático de Derecho" (artículo 1), con la susodicha reforma el ingrediente social quedó declarada e impúdicamente capitidisminuido. Esto, que yo recuerde, no causó ni temblor ni temor en los principales partidos de gobierno en aquellos frenéticos días. Paradójicamente una ley de verdad constitucionalista como esta de la vivienda en tanto que se toma en serio el señalado artículo 47, sin embargo, sí que provoca temor a la oposición. Porque va a traer con su aprobación -según voces autorizadas del PP- la invasión de nuestras casas por los okupas.

El miedo es la emoción primaria por excelencia dado que es la emoción de la supervivencia. Recuerdo lo que me impactó allá por el final del siglo pasado la lectura del libro del neurocientífico Joseph E. Ledoux titulado El cerebro emocional, en el que se describía de manera nítida y precisa el circuito neuronal del miedo, la autopista anatómica por la que corre a mayor velocidad que ninguna otra la emoción que más rápido y más irracionalmente si cabe exige una respuesta conductual porque nos va la vida en ello. Con y sin fundamento real. Cuando el miedo se apodera de nosotros toda lucidez queda comprometida. Según los biopsicólogos es una emoción blindada; o dicho de otra manera: la razón no puede con ella.

No importará cuáles sean los datos objetivos de ocupaciones ilegales de inmuebles ni y a qué mínimo sector de propietarios afecte, porque nuestra autopista neuronal del miedo dejará expedito el camino para que las imágenes de las hordas de perroflautas, toxicómanos y antisistema, rompiendo las ventanas y puertas de nuestros sacrosantos hogares, se apoderen de nuestras mentes, al tiempo que provocan un brote de ira contra esos políticos progres irresponsables que les dan todo tipo de facilidades legales para ejecutar su atentado contra lo que es nuestro y tanto nos ha costado lograr.

Reconozcámoslo: nada que ver con lo que emocionalmente nos suscita la evidencia aplastante de un mercado que imposibilita cumplir con el derecho a una vivienda digna que tiene reconocido todo ciudadano español en la Constitución; o con lo que nos inspira la continua ejecución de desahucios de familias que no son maleantes sino desgraciadas víctimas de un sistema despiadado cuando se trata de defender la propiedad privada por encima de cualquier consideración humanitaria; o con lo que nos provocan las subidas de las hipotecas que vampirizan las enjutas rentas familiares.

Esta primera ley de la vivienda por fin reconoce en toda su importancia un problema real y afronta un dilema político fundamental: libre mercado frente a intervención del Estado. Miedo por el supuesto atentado auspiciado desde el Gobierno contra la propiedad privada frente a la esperanza de que tener un techo que nos cobije deje de ser un lujo inalcanzable para tantos.