Una promesa rota

La negativa de la Junta de Andalucía a concertar ni una sola unidad de Bachillerato ni un Ciclo Formativo en nuestra comunidad es una decisión que deteriora la confianza de los centros concertados y sus familias a las políticas educativas de este Gobierno. Nos encontramos ante una actuación de imposible justificación que supone incumplir una promesa adquirida ante miles de familias que sólo pedían poder seguir el itinerario educativo elegido para sus hijos.

El compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno era nítido y rotundo: garantizar el concierto educativo en Bachillerato allí donde existiera demanda social. Esa era la única condición. La decisión de dejar fuera del concierto a 289 unidades de Bachillerato que ya funcionan, o 112 ciclos formativos de FP, y en la que por tanto la demanda social no sólo existe sino que la cobertura de plazas está garantizada, desmiente, por la vía de los hechos, ese compromiso. Y además lo desmiente de forma rotunda y abrupta sin concesiones a una concertación progresiva.

El curso pasado, al menos, se concertaron algunas –muy pocas– unidades. En concreto, 6 de 225. Pero la decisión de este año de no concertar ninguna unidad, insisto, ninguna, deja poco margen para la esperanza. No solo no han cumplido, sino que ni siquiera se han esforzado por disimularlo. No se puede hablar siquiera de un avance simbólico, condicionado por el presupuesto. Lo que una decisión de este tipo evidencia es la absoluta falta de interés por las necesidades reales de las familias y de los centros educativos.

Lo mismo ocurre con los ciclos formativos solicitados de Formación Profesional. Hace unos días celebrábamos con éxito de asistencia una Jornada de FP Dual. En ella, las empresas nos pedían talento y formación y esto pasa por conciertos o centros privados. ¿La ciudadanía andaluza qué necesita, centros privados o una oferta pública y concertada de calidad que haga la competencia a los centros privados? Los datos son claros: hay 2 ciclos de Ciclos básicos en la privada, es decir, no hay negocio, y 1.070 ciclos privados de grado superior, es decir, aquí sí lo hay. ¿Esto es lo que quiere la ciudadanía andaluza?

Con relación al concierto de Bachillerato, desde Escuelas Católicas de Andalucía denunciamos con rotundidad esta arbitrariedad que no responde a ningún criterio pedagógico ni social, sino a una decisión puramente política. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional habla de “falta de necesidad” mientras ignora la realidad palpable de miles de estudiantes que ya cursan el Bachillerato en nuestros centros. Negar el concierto es forzar, en muchos casos, a estas familias a abandonar un entorno educativo donde sus hijos se han desarrollado académica y personalmente, generando una desigualdad que castiga a quienes no pueden afrontar el coste de la enseñanza privada.

Esta decisión ahonda en la brecha social y educativa, condenando a muchos alumnos a romper con su trayectoria y a separarse de sus proyectos educativos y personales. Es una agresión a la equidad, al derecho a la educación y a la libertad de elección que promueve al menos teóricamente el ideario del Gobierno andaluz. Un Gobierno que hoy demuestra que ni la inclusión, ni la pluralidad ni la justicia social forman parte de sus prioridades reales en educación.

Lo que más nos duele es que otros gobiernos del PP en otras comunidades sí están apostando por esa concertación. Los casos de Madrid (con un sistema de becas muy cuantiosas para la enseñanza postobligatoria), Comunidad Valenciana y Murcia, son elocuentes, y nuestra propuesta para Andalucía exigía un presupuesto mucho menor. La razón no es económica, estamos seguros de que no lo es, es de falta de prioridad política. La concertación de estas unidades no solo es viable, sino que contribuiría a descargar el sistema público y a garantizar el derecho de las familias a continuar en el proyecto educativo elegido. Pero el Gobierno de la Junta ha dado prioridad a otras políticas. Esa es la triste realidad.

No buscamos un incremento en el número de unidades sobre el que ya existe y funciona. No se busca el deterioro de los centros de titularidad pública, todos seguiremos como estamos con las mismas unidades como oferta a la sociedad. Solo queremos que nuestras familias no tengan que incrementar el gasto familiar injustamente por mantener a sus hijos en el centro que han elegido y, finalmente queremos apostar por el modelo de concierto que está abierto y es accesible a todos.

Desgraciadamente, llueve sobre mojado. La distancia de la administración autonómica hacia las familias de la concertada tiene otras manifestaciones en materia de Formación Profesional, aulas de apoyo a la integración y Educación Especial. Todo ello pese a su retórica insistente sobre su compromiso con la inclusión y la diversidad. Los hechos no lo demuestran en su relación con la educación concertada.

No nos vamos a rendir. Seguiremos luchando con determinación para defender el derecho de las familias andaluzas a elegir la educación de sus hijos.