Xerez CD

El fiscal pide indemnización y la inhabilitación a Morales, Monterrubio y Gil Silgado

  • El Ministerio Fiscal solicita para los tres una indemnización superior a los 3 millones de euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y causar la crisis del Xerez

El Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para los presuntos responsables de la situación económica del Xerez CD, que a finales de 2009 se acogió al concurso de acreedores. 

Los informes del concurso de acreedores del Xerez, tanto el de los administradores concursales como el del Ministerio Fiscal, señala que la calificación del concurso será resuelta por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, que determinará la responsabilidad a la que tendrían que hacer frente los culpables. 

Tras el informe concursal, el Ministerio Fiscal solicita para Joaquín Morales Domínguez (expresidente y actualmente máximo accionista del club), Antonio Fernández Monterrubio (exvicepresidente, exapoderado y ex director general del Xerez) y José María Gil Silgado (expresidente) una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez. 

Se solicita indemnización solidaria para los tres responsables que aparecen en el informe del fiscal de 2.061.402,75 E, correspondiente a "recargos, intereses y conceptos análogos de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria". 

Se solicita, igualmente para Joaquín Morales y Antonio Fernández una indemnización de 1.181.046,09 euros por el "montante de los bienes sin justificar que han salido del Xerez CD SAD durante su gestión", y para José María Gil Silgado una indemnización de 139.132,04 euros por "liquidación de intereses no practicada". 

También se solicitan ocho años de inhabilitación para "administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa" de la sociedad para Joaquín Morales y Antonio Fernández, mientras que para José María Gil Silgado la solicitud de inhabilitación se fija en siete años.

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