Una medida igualitaria

Hay que recordar que dicho protocolo, que se firmó el pasado 25 de abril por la Liga de Fútbol Profesional, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Deportes (CSD), no cuenta con el beneplácito de algunos clubes, de ahí que se haya convocado la asamblea para ahondar en el asunto.

El documento pretende cambiar la tendencia que en los últimos cuatro años ha hecho que la deuda crezca 150 millones de euros, para situarse en el umbral de los 675 millones, y marca la temporada 2020/21 como el horizonte para la reducción de esta cifra.

Entre las medidas que incluye el Protocolo se establece que desde la temporada 2014-15, el 35% de ingresos que los clubes reciban de los operadores audiovisuales no se les librará hasta que no acrediten que están al corriente de sus obligaciones, con la ratificación de la Agencia Tributaria.

El protocolo obliga a los clubes a aceptar ofertas por jugadores en caso de aumentar su deuda tributaria aplazada y fija sanciones en supuestos de incumplimiento, como pérdida de puntos en la propia competición o expulsión por conductas encaminadas a eludir las obligaciones y los mecanismos contemplados en el documento firmado.

El desarrollo del protocolo será evaluado por una comisión paritaria de la Liga y el Consejo Superior de Deportes, organismo que ejercerá un control administrativo sobre la Liga hasta el año 2014.

De hecho el presidente del CSD, Miguel Cardenal, ha estado presente en dos reuniones recientes de la Comisión Delegada de la LFP, a la que trasladó un mensaje de firmeza sobre el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda.

Los diferentes clubes que componen la Liga de Fútbol Profesional han sido citados a primera hora de la mañana para hablar sobre dicha cuesión. La cita en sí responde a la negativa que una serie de clubes han mostrado hacia este protocolo, entre ellos Sevilla, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Málaga, Betis, Valencia, Getafe, Zaragoza y Espanyol.

Antonio Millán, representante del Deportivo en Madrid, entiende que la decisión del Consejo Superior de Deportes "va en la línea de lo que pensamos. En el fútbol deben variar muchas cosas y sobre todo se debe dar a partir de ahora una imagen distinta de la que se da en determinados momentos", apunta.

Para el catedrático, "si no se empiezan a establecer unas normas no se competirá con las mismas armas, por eso creo que la decisión es acertada, sobre todo porque está pensada a largo plazo. Personalmente, me parece oportuna la decisión y el protocolo, porque además, el tiempo que se ha establecido para que se cumpla es razonable. No estamos hablando de tres años sino de ocho años, el tiempo suficiente como para que los clubes que tengan deudas con la Agencia Tributaria se pongan al día. El fútbol debe dar ejemplo".