El sistema político español va a dar un giro en el aire. El Gobierno pretende un reinicio constitucional; rediseñar el papel de Cataluña y Euskadi dentro del Estado. Maniobra delicada, porque algunos compañeros de viaje no quieren asiento de primera clase con nuevas prerrogativas, sino un billete de salida. Y, en todo caso, los privilegios a las regiones ricas generarían hostilidad en el resto de España. El embrollo se aborda sin mayoría parlamentaria homogénea, sino una coalición adversa hacia el PP, reforzada tras su alianza con Vox, mantenida desde junio de 2018. Los 350 diputados del Congreso que votarán el día 16 en la investidura de Sánchez se dividen en dos partes irreconciliables. En el centro sólo hay una diputada de Coalición Canaria, a diferencia del amplio consenso constitucional de 1978.

Al PSOE le acompaña a su izquierda un grupo de partidos pequeños, de escasa cohesión, agrupados en Sumar, y un conjunto de nacionalistas e independentistas, de derechas e izquierdas, moderados o exaltados populistas. Con esa constelación oportunista pretende prolongar su estancia en La Moncloa su actual inquilino. Al otro lado, el PP, con su socio de extrema derecha y un diputado de UPN, intenta capitalizar el descontento generalizado por la amnistía al procés. Los populares pasan por una etapa de máxima inflamación, en la que se mezclan su indignación por el pacto con Puigdemont y la frustración ante el fracaso de Feijóo en alcanzar la Presidencia.

El dirigente gallego llegó a Madrid hace año y medio para gobernar, pero se ha quedado corto. Tras la investidura sería saludable que el PP examine los errores de su campaña electoral. El Feijóo moderado ha sido abducido por la derecha radical madrileña; la influencia de Aznar se le nota hasta en cómo arrastra las esesss al final de las palabras. El antisanchismo le permitió en mayo derrotar a muchos alcaldes o presidentes socialistas, pero no fue suficiente en julio para derrocar a Sánchez. Entretenido en el frentismo, Feijóo no explicó qué proponía al país en modelo territorial, fiscalidad, servicios públicos, pensiones, política exterior o financiación autonómica.

Y de todo eso debería hablar a la nación Pedro Sánchez el miércoles y el jueves, sin la euforia de ayer en Málaga. Por ejemplo, que significaría un cupo como el vasco y el navarro en Cataluña, que perjudicaría a Andalucía, y que el PSC ya reclamaba literalmente en su programa electoral de 2008: “la equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalitat y los que proporciona el sistema de concierto en el País Vasco”. Además, claro, la amnistía y todas sus circunstancias. Ese perdón sin acto de contrición ni propósito de enmienda que tanto ha enojado a la jerarquía eclesiástica conservadora. Y muchos flecos en el aire, como el mediador internacional que arbitrará la negociación bilateral entre España y Cataluña.

Entramos en una amplia zona de turbulencias. Y dudas.