Desde la espadaña
Felipe Ortuno
Treinta y uno de diciembre
LOS promotores de la manifestación de ayer contra el aborto, arropados en esta ocasión por menos clérigos y sólo por la vieja guardia del PP, han dado a conocer un informe sobre el presunto fraude fiscal de las clínicas que practican la interrupción del embarazo. Yo no sé si es verdad pues, como se dirá más adelante, hay razones para dudar de la veracidad de sus denuncias. Pero si fuera cierta se pueden extraer dos grandes conclusiones: Primera, que la ley actual no impide las intervenciones ni el negocio clandestinos y, por lo tanto, es imperfecta y necesita urgentemente una revisión que garantice el derecho de las mujeres y la transparencia del "negocio", y segundo, que la única solución para terminar con la sospechas es que los abortos practicados conforme a la legislación se hagan en los hospitales públicos y por médicos del servicio de salud y se ponga fin a los convenios con clínicas concertadas. Sería lo lógico. De otro modo el aborto va a continuar arrastrando el aire subrepticio y prohibido de otros tiempos. Y no se me diga que la solución es prohibir el aborto, pues equivaldría a pisotear la dignidad de miles de mujeres y a inflar (y ahora sí) el negocio de las clínicas y cubiles abortistas. Por cierto, un juez de Madrid ha considerado un montaje con fines "clandestinos e intimidarorios" las imputaciones contra la clínica Isadora.
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