PESE a que sólo hace unos días saludábamos con alivio la entrada de Gestamp en el accionariado de Abengoa como la mejor vía para la salvación de esta empresa, el pasado miércoles observábamos cómo el buque insignia de la industria andaluza se veía obligado a solicitar el preconcurso de acreedores ante la sorpresiva retirada de la oferta del grupo vasco, que iba a desembolsar 350 millones de euros para convertirse en el primer accionista. El alivio, lógicamente, se ha transformado en preocupación. Sin embargo, aunque la noticia no se puede considerar como buena, tampoco conlleva, ni mucho menos, el final de Abengoa. Por lo pronto, la solicitud del preconcurso no supone la suspensión de la actividad ordinaria de la empresa, que disfrutará de más tiempo y mejores condiciones para negociar con sus deudores antes de tener que llegar al extremo de la declaración de suspensión de pagos.

Durante este tiempo se puede y debe encontrar soluciones para una empresa que, si bien tiene graves problemas financieros, es puntera mundialmente en sectores como la generación eléctrica solar, la producción de biocombustibles y la desalación de agua. A nadie se le escapa el futuro que tienen estas actividades en un mundo que, poco a poco, debe prescindir de los combustibles fósiles si quiere evitar el desastre ecológico.

Visto esto, habría que ver cuál debe ser el papel de las administraciones públicas, especialmente los de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, en la salvación de Abengoa. Precisamente ayer, políticos de todas las opciones apostaron por buscar una solución, aunque las propuestas variaron desde la tibieza del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien dejó muy claro que la "cuestión atañe al sector privado" y que no se vive la época en la que el Estado puede meter capital en una empresa; hasta la más comprometida del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien aseguró que la intervención tendría que venir a través del Instituto de Crédito Oficial, de avales públicos y de financiación europea.

El papel de las administraciones debe limitarse a favorecer un acuerdo dentro del sector privado, acuerdo que no tiene por qué excluir la intervención del ICO, entre otras cosas porque para eso existe. A nadie se le escapa la importancia económica, energética y social de Abengoa, por lo que es lógico que su saneamiento se convierta en una prioridad política. Nadie entendería que las administraciones se lavasen las manos con este problema. Todavía hay tiempo para actuar.