La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia e Interior interesándose por el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia de Andalucía que han sido designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su especialización en los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras públicas.

La Defensoría,que con esta actuación, quiere conocer la aportación de la Administración andaluza en su puesta en marcha el pasado jueves ya que en su primer día "se han producido diversas incidencias". "Las reacciones de los operadores jurídicos han sido unánimes en relación con el desconcierto provocado por no estar listos y las críticas generalizada por la falta de medios", señala la institución en el texto de la queja.

En este sentido, precisa que en Sevilla, las asociaciones de jueces mayoritarias, abogados, procuradores y la representación sindical de los empleados de la Administración de Justicia, junto al juez decano, "ratifican estas críticas y evidenciaban una aparente falta de previsión y de organización". No obstante, la Defensoría matiza que estas reacciones "pueden extenderse a las restantes sedes afectadas por estas medidas organizativas". La institución manifiesta ser "consciente de la complejidad" de la toma de decisiones en el ámbito de la Justicia -donde intevienen diferentes administraciones con competencias-, pero insta a la Junta a clarificar su aportación. A través de la investigación de oficio, el Defensor del Pueblo Andaluz solicita a la Consejería de Justicia que informe sobre "la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos".