La historia de Isabel muestra el lado más humano y desconocido de las graves consecuencias que puede acarrear una Justicia colapsada, que fija juicios por demandas de incapacidades laborales para dentro de cuatro años. Esta sevillana de 51 años, licenciada en Psicología pero cuya vida laboral siempre ha estado vinculada al sector del comercio, lleva esperando desde 2021 a que la Justicia resuelva si debe reconocérsele una Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) debido a la fibromialgia que padece. Su juicio ha sido fijado por el juzgado de lo Social número 9 de Sevilla para el 13 de febrero de 2025, pero mientras tanto Isabel intenta sobrevivir como puede con un subsidio de 480 euros al mes, un dinero con el que tiene que hacer frente a un alquiler y a los gastos familiares. Vive con su hijo adolescente y confiesa que para llegar a final de mes pide ayuda a Cáritas o a las hermanitas de la Cruz.

Isabel accede a conceder esta entrevista para que se conozca la situación en la que se encuentran miles de personas afectadas por la lentitud de la Justicia pero no quiere que se muestre su rostro. Su calvario comenzó en 2017 cuando se le diagnosticó la fibromialgia, a la que se unen un cuadro de fatiga crónica, depresión severa y síndrome de sensibilidad central, entre otras patologías. En ese momento trabajaba como encargada de tienda en unos grandes almacenes y tenía más de 24 años cotizados a la Seguridad Social.

La enfermedad le obligó a encadenar varias bajas laborales y la Seguridad Social emitió un primer informe en el que se reconocía una "evolución desfavorable" de su patología. La pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma supuso un freno en el proceso de su reconocimiento de su incapacidad, puesto que tenía una cita con el tribunal médico que había sido fijada para el 19 de marzo de 2020 -cinco días después de que se acordara el confinamiento de la población- que fue lógicamente anulada. Y no fue hasta muchos meses después, en mayo de 2021, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó el reconocimiento de la incapacidad.

Recurrió en vía administrativa sin éxito y en julio de ese año presentó una demanda en los juzgados de lo Social de Sevilla. Su sorpresa fue cuando fue informada de que el juicio había sido señalado para febrero de 2025. En un primer momento estuvo cobrando el desempleo al que tenía derecho por los años trabajados, pero el paro se fue reduciendo hasta que se le agotó la prestación, pero "los gastos de una familia no se reducen" y ahora percibe ese subsidio. "Con 480 euros no se puede vivir, pago 550 euros de alquiler", lamenta Isabel, que recuerda como antes de la enfermedad tenía su trabajo y ahora su vida se ha ido convirtiendo en un "callejón sin salida. Mientras espero el juicio no tengo derecho a nada, y conforme más avanza el tiempo más precaria se vuelve mi situación".

Ni siquiera le consuela que al final la Justicia pueda darle la razón y reconocerle la incapacidad. "Si hoy no tengo para comer no me consuela que pueda ganar la demanda dentro de cuatro años", afirma Isabel, que insiste en que actualmente no tiene ninguna seguridad ni estabilidad.

Y aunque para la vista oral todavía faltan más de 14 meses, cree que lamentablemente ya está sufriendo los efectos de una condena, en este caso la económica. "Te dejan esperando al juicio y no hay ningún tipo de ayuda. Me pregunto si yo tengo la culpa de que la Justicia vaya así de lenta. Me han condenado a la ruina".

"Fui un número de expediente para la Seguridad Social y ahora soy otro número para la Justicia" 

Isabel recuerda que a lo largo de toda su vida ha sido una persona muy trabajadora, que llegó incluso a tener hasta dos empleos a la vez. "Para la Seguridad Social fui un número de expediente y ahora soy otro número para la Justicia, pero detrás de cada número hay una persona y una espera de cuatro años de una persona que no puede trabajar". 

Isabel, en un momento de la entrevista.

La situación que le está provocando el retraso de la Justicia, reconoce, ha alterado su vida económica, personal y familiar, y además influye en que su enfermedad empeore. "Si pago el piso, no como, y si como, no pago me pueden echar", explica emocionada Isabel, que se siente completamente abandonada por el sistema. "Estamos totalmente abandonados por el Estado en ese aspecto, si contraes una enfermedad crónica. Yo he trabajado toda mi vida, he pagado mis impuestos, y a mí ahora el Estado me ha dado de lado. Y como yo habrá miles de personas; sé que hay gente que incluso se muere esperando la demanda".

La sevillana recuerda que estos procesos judiciales "determinan la calidad de vida de una persona", por lo que este tipo de situaciones "no se pueden permitir".

"Al juez le diría que necesito ayuda, que me dé la oportunidad de salir del pozo en el que llevo tres años"

Cuando se le pregunta qué le diría a los funcionarios o al juez encargados de su caso, Isabel se plantea quién es en realidad el responsable de la situación. "El funcionario puede ser que esté saturado de trabajo, pero si hay una lentitud de la Justicia es el Estado el que te está desamparando, cuando debería encargarte de este colectivo de personas para saber qué va a pasar con nuestras vidas en estos cuatro años".

"Y al juez le diría que necesito ayuda, que alguien me dé la oportunidad de salir del pozo en el que llevo tres años. No soy una floja, necesito vivir dignamente y mi hijo también", explica Isabel, que insiste en que su enfermedad le impide volver al trabajo. "He pasado de ser una persona activa a tener que asimilar que estoy enferma y que aunque quisiera trabajar no puedo".

Todo este tiempo que lleva esperando el juicio y el que le queda hasta febrero de 2025 es un auténtico "calvario" para Isabel. "Tengo impotencia, desesperanza y me da mucho miedo lo que pueda pasar hasta 2025. Contar mi caso no es agradable, me cuesta, porque creo que es tan injusto". Isabel sólo espera que llegue ya el día del juicio o que el juzgado intente adelantar la fecha de la vista, algo que en su momento ya le fue rechazado.