Turismo Sostenible: Andalucía endurece sanciones en su nueva ley

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Ley de Turismo Sostenible que establece un nuevo marco regulatorio para el sector tras cuatro décadas sin una normativa integral. La iniciativa, calificada como "valiente y necesaria" por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, incluye un endurecimiento significativo de las sanciones contra actividades turísticas ilegales, con multas que podrán alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, Bernal ha subrayado que se trata de una ley "muy ambiciosa" y ha destacado especialmente su carácter participativo, ya que en su elaboración se han incorporado más de 1.700 aportaciones procedentes de mesas sectoriales organizadas en todas las provincias andaluzas. "Este proyecto no nace de un despacho, sino del sector tras impulsar un proceso participativo real", ha afirmado el consejero, quien también ha incidido en la importancia de la lucha contra la actividad clandestina mediante el endurecimiento de sanciones.

El régimen sancionador experimenta un cambio radical con esta normativa. Las infracciones leves verán incrementada su cuantía máxima de 2.000 a 10.000 euros, mientras que las graves, que actualmente oscilan entre 2.000 y 18.000 euros, pasarán a situarse entre los 10.000 y 100.000 euros. Como ejemplo ilustrativo, Bernal ha señalado que prestar servicios turísticos de forma clandestina conllevará una sanción mínima de 20.000 euros. En cuanto a las infracciones muy graves, la horquilla se eleva considerablemente, pasando de los 18.000-150.000 euros actuales a un rango entre 100.000 y 600.000 euros.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto iniciará su tramitación parlamentaria, donde será debatido y, en su caso, aprobado definitivamente. El texto normativo sitúa a las personas en el centro de la acción pública, según ha explicado el consejero, e impulsa la inteligencia de datos como herramienta estructural para la toma de decisiones en el sector. Además, consolida la sostenibilidad integral en sus dimensiones social, ambiental, económica y de gobernanza.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es la incorporación de mecanismos que garantizan la convivencia entre residentes y visitantes, un asunto que ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a la masificación turística en determinadas zonas. También refuerza la cogobernanza y define claramente los derechos y obligaciones de todos los agentes que intervienen en el ecosistema turístico andaluz. El consejero ha manifestado su esperanza de que no sea necesario aplicar ninguna de las sanciones previstas, al tiempo que ha criticado la eficacia del registro único de viviendas turísticas del Estado, del que ha dicho que "más bien está creando incertidumbre y más problemas" en lugar de resolver la actividad ilegal o clandestina en el sector.

Normas más simples

La nueva ley convierte la inteligencia turística en un elemento vertebrador para la toma de decisiones en el sector. El uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación permitirá elevar la competitividad de Andalucía como destino y mejorar la planificación de sus recursos turísticos. Asimismo, otorga respaldo legal al trabajo ya desarrollado en innovación e inteligencia de datos, incluido el sistema Andalucía Nexus. Otro de los beneficios destacados es la simplificación normativa. El nuevo marco establece una arquitectura más eficiente que reduce de 17 a tan solo 6 los decretos necesarios para su desarrollo reglamentario, lo que según la Junta "facilitará la operatividad del sector y mejorará la seguridad jurídica" para todos los agentes implicados.

En materia de planificación, la ley incorpora un sistema estable que establece instrumentos homogéneos para todas las administraciones involucradas. Este marco define estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento que permitirán una gestión coherente del destino en todo el territorio andaluz, eliminando posibles discrepancias entre diferentes ámbitos administrativos.

La colaboración entre el sector público y el privado se consolida mediante la creación de órganos formales de participación que integran al sector empresarial, profesional y social. El objetivo es asegurar una visión compartida del futuro turístico de Andalucía, permitiendo que todas las partes interesadas puedan contribuir al desarrollo sostenible del sector. En cuanto a la calidad de los servicios, la normativa establece estándares más exigentes y mecanismos actualizados de clasificación y control. Se prevén nuevas herramientas para impulsar la profesionalización del sector, el desarrollo de productos de "alto valor añadido" y la mejora continua de la experiencia del visitante.

Además, la ley introduce parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta turística. Estas medidas están orientadas a fortalecer la competitividad global del destino Andalucía en un mercado cada vez más exigente y tecnológico, donde las regiones que no se adapten a las nuevas tendencias corren el riesgo de quedarse atrás.