Standard and Poor's le pone nota a once comunidades autónomas en España. Evalúa su capacidad para hacer frente al pago de su deuda a tiempo y en su totalidad. Andalucía ocupa una posición intermedia: no está en el grupo de cabeza, pero tampoco en el vagón de cola. Desde el pasado mes de octubre su calificación es de BBB, lo que le otorga una solvencia financiera media, sólo un escalón por detrás de la española, de BBB+. Pero lo más llamativo de esta situación es que Andalucía es la única región a la que la agencia de rating ha asignado una perspectiva positiva, es decir, que podría asistir a una subida de su nota en un plazo comprendido entre los seis y los 24 meses. El resto de comunidades cuenta con perspectiva estable, excepto Cataluña que la tiene negativa por las tensiones políticas con el Estado.

Pero, ¿cómo podría Andalucía mejorar su calificación de cara al futuro? Myriam Fernández de Heredia, directora general de Ratings Soberanos y Finanzas Públicas Internacionales de S&P para Europa, Oriente Próximo y África, dio respuesta a ésta y a otras cuestiones en la última sesión del Foro Joly, patrocinado por Unicaja y celebrado ayer en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla. A su juicio, tienen que ocurrir tres cosas: una rebaja del déficit más rápida de la prevista, de la deuda y una mejora de la tesorería de forma estructural. "Subiremos la calificación de la comunidad si acelera su proceso de consolidación fiscal, reduce su deuda -supera un 150% los ingresos-, y eleva su liquidez; a esto se añade, el requisito de que se mantenga el apoyo del Gobierno Central a través de instrumentos como el FLA (Fondo de Liquidez Autónomico)", analizó la experta. Desde su punto de vista, no hay un excesivo peso de lo público en la comunidad, aunque esté por encima de la media, algo que sí penaliza a regiones como Extremadura, dijo. S&P evalúa, además de a Andalucía, a otras diez comunidades: Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, País Vasco y Navarra. Las notas de las regiones están limitadas por la de España, ya que no pueden superar la del país al que pertenecen.

Con respecto a España, S&P mejoró su rating en octubre hasta BBB+. "Esto significa que entendemos que tiene una capacidad suficiente para hacer frente al pago de sus compromisos financieros", indicó Fernández de Heredia. La revisión al alza de la nota se debe a que la agencia espera que la economía española crezca más de lo previsto, a que los ratios de deuda y déficit sobre el PIB se reduzcan, y todo ello en un contexto en el que se mantengan las políticas del Banco Central Europeo (BCE). "No llegaremos al equilibrio presupuestario en 2018 como dice el Gobierno, pero esperamos una reducción progresiva del déficit y una estabilización de la deuda; en consecuencia, aunque se registrara una desviación de hasta un punto sobre el objetivo de déficit, no habría por qué rebajar la nota de España", explicó.

La directiva de S&P indicó que, en el rating de España, se dan por hechos dos factores: que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre seguirá adelante con la senda de la consolidación presupuestaria y las reformas estructurales, y que Cataluña continuará dentro del país. "Si esto no es así, por supuesto, tendríamos que medir su impacto en la calificación del país", sentencia.

Fernández de Heredia, que insistió en varias ocasiones en que, aunque S&P tiene sede en Nueva York, no es americana, sino una "empresa global con presencia y conocimiento local", admitió que se equivocaron en las calificaciones que hicieron en los inicios de la crisis. "No estamos satisfechos con los ratings que dimos de las subprime, cometimos un error y hemos rectificado, pero hay que señalar que sólo supusieron el 1% del total de calificaciones que S&P ha hecho en sus más de 150 años de historia", matizó.

La actividad de las agencias de calificación está regulada sólo desde hace ocho años. Aquéllas cobran de las empresas que les encargan una evaluación de su situación antes de abordar la búsqueda de financiación en los mercados. Esta paradoja lleva a muchos a pensar que las agencias están sometidas a los intereses del que paga. Sin embargo, la experta rechazó estas acusaciones y sentenció que dependen de su "credibilidad": "Si los inversores dejaran de confiar en nosotros, perderíamos nuestro negocio y no existiríamos".

Con respecto a otra de las críticas, referente a que operan prácticamente como un oligopolio -existen tres muy potentes a nivel mundial: S&P, Moody's y Fitch-, Fernández de Heredia indicó que a ellos les gustaría que existiese "más competencia", pero los requisitos regulatorios son tan estrictos que se generan muchas barreras de entrada. "Esto implica invertir mucho dinero para poder operar en el sector", dijo. Lo que sí existen son agencias a nivel local, centradas en sectores o nichos específicos -banca, pymes, financiación estructurada...-, del orden de unas 100 a nivel mundial.