El ex consejero madrileño Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica, sumaba a las propiedades de las que disponía en Valdemoro y Marbella una finca en Higuera de las Dueñas (Ávila) en la que tenía caballos, quads y vehículos todoterreno. La Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de esta finca al analizar los discos duros que encontraron en el domicilio de Granados en Valdemoro, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que aparece en los tomos del caso Púnica a los que el juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario.

En esos discos duros, los agentes encontraron varias fotografías de una finca rústica, en la cual se observa la existencia de caballos, vehículos tipo quads y otros vehículos todo terreno. En las fotos de esa finca, que según el informe policial "parece tratarse de un lugar de recreo", se puede ver a Granados, a su cuñado Germán Alarcón, su sucesor en la alcaldía de Valdemoro José Miguel Moreno Torres y el constructor Ramiro Cid Sicluna, estos últimos también imputados en Púnica, y las familias de todos ellos.

Según conversaciones telefónicas intervenidas a Granados, se trata de una finca de recreo de la que "parece poseer parte de la propiedad" y al acudir al Registro de la Propiedad de Cebreros (Ávila), los agentes descubrieron que estaba dividida en parcelas, siendo la propietaria de todas ellas la sociedad Tuvalu Gestión, relacionada con el socio de Granados en Púnica David Marjaliza.

Sin embargo una de ellas, la finca 1.337, se adquirió en virtud de dos escrituras de compra-venta de fechas 18 de noviembre de 2004 y de 3 de abril de 2008, en las que se adquiere el 50% de la propiedad en cada una. Una vez localizada la finca, la Guardia Civil procedió a su registro meses después cuando el juez ordenó la detención en noviembre de Ignacio Palacios, ex jefe de gabinete y presunto testaferro del ex consejero madrileño. La investigación a Granados se ha podido seguir completando gracias al requerimiento que el juez Velasco le hizo en agosto al PP de Madrid para que permitiera que agentes de la UCO procedieran al volcado de sus cuentas corporativas, así como a las de sus sucesores en la Alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza Lechuga.