De un tiempo a esta parte, la ciudadanía resuelve menos dudas con el funcionario o funcionaria de la Seguridad Social porque ya Issa, su asistente virtual le ayuda. Es una, pero hay más dada la paulatina incorporación de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial en la Administración Pública. Esta digitalización permite que los usuarios sean atendidos a cualquier hora del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Y ‘¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la Administración Pública?’, esta es la pregunta lanzada este martes 7 de marzo en el cuarto encuentro de 'Campus Media', el ciclo de jornadas organizadas por la APJ y la UCA. En este caso, Gabriele Vestri, profesor de Derecho Administrativo, Director del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial en la Universidad de Cádiz, ha sido el encargado de responder a la pregunta.

“La Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad”, asevera con contundencia Vestri. El profesor asegura que estos robots ya se encuentran en la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo o los sistemas algorítmicos, como Bosco en el caso del bono eléctrico social, también la Policía, la Guardia Civil, puede dar lugar a la supresión de puestos de trabajo, pero también a la creación de otros nuevos como el de defensor de los derechos que vulneran los sistemas de algoritmos.

El director del Observatorio La Administración Pública advierte de la necesidad de plantear una estrategia a la hora de hacer uso de la IA. “Debe replantearse sus procedimientos de gestión y uso de dichos sistemas y este es el verdadero reto”.

Alertó sobre el problema de transparencia, pues la Administración Pública, hasta ahora sólo es consumidora de IA que proporcionan empresas privadas. Así como también puede dar lugar a otros relacionados con la propiedad intelectual. Todo ello, porque aún en España no hay norma ni legislación que la regule tanto su funcionamiento como posibles sanciones. “Esto no significa que no existan cartas, estrategias, etc., sin embargo, no son estrictamente vinculantes y, por lo tanto, carecen de significación legal”.

Una tercera cuestión, no por ello menos importante, es el riesgo de que la Administración avance digitalmente en los procesos y que la ciudadanía se quede atrás. Fue algo que ya aconteció con el paso de la Administración analógica a la electrónica, cuando ya se puso sobre la mesa imposibilidad de algunos ciudadanos y ciudadanas de alcanzar el ritmo de los cambios, debido a factores como la edad. “La transición digital debe ir emparejada con la formación de los ciudadanos y con la formación de los empleados públicos. Sin conocimiento, se verá mermado el uso proactivo de los sistemas de IA. Este último punto es precisamente un llamamiento a la Administración Pública. Los poderes públicos tienen la obligación de incentivar la formación y evitar a toda costa el Sálvese quien pueda”. Cuando la estrategia, la alfabetización digital y la legislación que regule la IA sean una realidad, asegura, “la Administración nunca dormirá”.

Más cuestiones

En la ronda de preguntas mencionó entre los riesgos de los sistemas de algoritmos y de IA el sesgo de los mismos. “Algunos se pueden atajar corrigiendo los datos que se introducen”. Señaló como ejemplo que el 75% de las personas que crean sistemas de IA son hombres y que la gran mayoría de los robots son mujeres.