El gobierno municipal se ampara en el trabajo de los técnicos municipales y la ausencia de regulación en las contrataciones menores para respaldar la reciente adjudicación del rediseño del Centro Tecnológico del Motor. Esta se ha realizado a Akanz Partners, una firma madrileña dirigida por dos ex altos cargos del PSOE (una ex diputada de la Asamblea y la ex jefa de la Oficina de la Junta en Madrid). Para el ejecutivo, esta sociedad “reúne todas las condiciones necesarias” para ejecutar este trabajo.   

La mercantil, creada hace poco más de un año, tiene de presidenta a Candela Mora, que hasta 2018 fue máxima responsable del organismo autonómico en Madrid, y a Paz Martín Lozano como administradora única, que fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid entre 2003 y 2019. Esta firma fue la adjudicataria del contrato tras haberse pedido ofertas a la sociedad Izazi Consultores y al consultor belga Philippe Lambert, con la que mantienen vinculaciones. Estas dos presentaron su oferta en un escueto folio con el mismo texto.    

Hace una semana, este medio preguntó al gobierno por los criterios seguidos para elegir a estas tres empresas. En la tarde de ayer, el ejecutivo respondió por escrito a esta petición insistiendo en que el procedimiento de contratación se ha realizado exclusivamente a nivel técnico. Así, para explicar por qué se eligieron a estas tres firmas, el ejecutivo afirmó que “se buscó información y se pidieron referencias” de estas empresas, aunque no aclara a quiénes.    

Asimismo, alega que “en ningún reglamento existe un precepto legal” que establezca “cómo se ha de proceder a la hora de solicitar las ofertas “ni los criterios para la selección de los ofertantes”. Para ello, explica cómo el Ayuntamiento suele hacerse este tipo de procedimientos afirmando: “Normalmente, los técnicos invitan a empresas que conocen, recaban información a través de Internet, obtienen referencias de otros técnicos en otras administraciones o conocen de algún modo los nombres de empresas que han trabajado para otros ayuntamientos”. “Buscan, en todo caso, las ofertas más económicas y que mejor se ajusten a las necesidades”, añade el ejecutivo.   

Acto seguido, señala que “puede darse el caso de que empresas que contactan con el Ayuntamiento aporten información sobre otras empresas que operan en otros campos por si, dado el caso, se precisaran servicios o suministros de esa naturaleza”. “Los técnicos consultan y deciden solicitar esas ofertas, y desde luego, no se dedican a investigar detalles personales de los promotores, como la confesión religiosa, la orientación sexual o la filiación sindical o política”, afirma.  

En cuanto a Akanz Partners, el equipo de gobierno indica: “La empresa propuesta por los técnicos para formalizar el contrato reúne todas las condiciones necesarias para la realización el trabajo, asume el encargo con todas las garantías y, en caso de no alcanzar la calidad o las expectativas, el Consistorio puede ejercer sus derechos para dar cumplimiento a ese contrato, porque en todo momento el objetivo es defender el interés público”.   

Según la carta de servicios que la empresa muestra en su web, esta se dedica a la organización de eventos, el diseño y planificación de rutas temáticas, el desarrollo de negocios y una consultoría de igualdad. Esta firma deberá entregar antes de finales de junio su propuesta de rediseño del Centro del Motor, un vivero empresarial para acoger a empresas vinculadas a este sector. A pesar de la vinculación con el fomento del empleo, esta contratación se ha realizado a través de la Delegación de Deportes.  

Para el ejecutivo, “no hay ningún elemento que haga distinto a este caso [la contratación del rediseño del Centro del Motor] de otros contratos menores” ya que “se han seguido los mismos cauces, el mismo procedimiento y tenemos la absoluta certeza de que no ha existido ningún elemento fuera de norma”.   

Por último, el gobierno local volvió a cargar contra el Partido Popular al que acusó de “pretender ser un inquisidor impidiendo a cualquier emprendedor con ideas políticas de cualquier signo concurrir en condiciones de igualdad a una contratación de este tipo”. “Las ideas del PP son absolutamente antijurídicas, desincentivan la participación y la libre concurrencia y socavan los valores democráticos porque plantean institucionalizar la discriminación”, aseveró.