La secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular la juez Alaya, ha autorizado la venta de tres inmuebles en Jerez bajo titularidad de Cureña , mediadora del propietario de Uniter, José González Mata, investigada en el caso de los ERE. El decreto de la secretaria judicial autoriza a los administradores judiciales de Uniter y Cureña la enajenación de dos oficinas situadas en el centro, una en la calle Larga y otra en la calle Sevilla (Mamelón), así como un tercer inmueble, en este caso una vivienda con garaje en la avenida de México.

Los administradores judiciales del Consorcio de Compensación de Seguros justifican su solicitud en que "todos estos inmuebles se encuentran vacíos y sin uso, resultan gravosos para la entidad mercantil Cureña, en cuento es necesario liquidar sus hipotecas y generan gastos (IBI, comunidad, etc), sin que sea posible obtener beneficios de ellos, incluso aunque fuera posible alquilarlos".

Sin embargo, fuentes conocedoras del caso indicaron que los dos locales del centro están actualmente alquilados a sendas entidades financieras con contratos, además de larga duración, por lo que no se explica la justificación anterior.

La autoridad judicial acuerda en su decreto alzar el embargo acordado sobre dichos inmuebles conforme a los términos que figuran en la solicitud de los administradores judiciales a fin de proseguir con el proceso de desinversión. La administración judicial asume la obligación de informar al órgano judicial de las cantidades obtenidas y su destino, que en todo caso deberá repercutir en saldar las obligaciones hipotecarias y en salvaguardar el patrimonio de Cureña para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

El juzgado que investiga los ERE irregulares ya autorizó con anterioridad la venta de otros ocho inmuebles propiedad de Cureña, entre ellos, un edificio en las inmediaciones del Mamelón y otros dos locales en Jerez.

Con la anterior venta, en la que también se incluían cinco garajes en Málaga, los administradores confiaban en recaudar cerca de dos millones de euros para hacer frente el pago de distintas deudas, principalmente los préstamos hipotecarios que pesan sobre las propiedades y, en caso de lograr liquidez suficiente, otras deudas sociales.