El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha ordenado actuaciones previas de investigación a fin de “lograr una mejor determinación de los hechos y circunstancias” ante la posible “filtración del atestado” de la Policía Local sobre el accidente del concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez Antonio Saldaña, donde dio positivo en el test de alcoholemia.

Tras los hechos, ocurridos en mayo de este año, el edil del PP presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos por la “filtración del atestado y difusión de datos por parte de la Policía Local de Jerez y su posterior publicación por medios de comunicación”, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, el consejo, transcurrido el plazo de tres meses desde que la reclamación tuvo entrada sin que se haya dictado acuerdo expreso en relación con la admisión o inadmisión a trámite de la misma, según establece el artículo 65.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, prosigue su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII de la mencionada ley orgánica -Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos-.

En este sentido, el consejo informa de que se ha procedido por parte del director a ordenar el inicio de actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento.

Según se publicó en su día, Saldaña dio positivo con 0,88 miligramos por litro en aire espirado en la primera de las pruebas de alcoholemia que le practicó la Policía Local tras haber colisionado el vehículo que conducía con tres coches que estaban aparcados en las inmediaciones de su vivienda (la máxima permitida es de 0,25 miligramos por litro en aire espirado). En la segunda prueba, que se le hizo tiempo después, registró 0,83 miligramos de alcohol por lo aún continuaba superando el triple de la tasa autorizada permitida. Saldaña criticó en su día que estos datos los hicieran públicos y culpó de ello al gobierno local.