La Junta de Andalucía ha defendido la declaración ambiental que ha anulado buena parte de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez que iba a permitir la implantación de canteras en suelos protegidos. A través de redes sociales, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez Román, ha acusado al Ayuntamiento de haber realizado una propuesta que iba a “borrar de un plumazo" los “valores ambientales de los suelos protegidos de Jerez”.

Este medio avanzó el pasado lunes que la administración autonómica ha emitido una declaración ambiental estratégica sobre la propuesta de cambio del Plan General que tumba parte de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento en 2019. Así, deja sin validez la modificación que iba a permitir la implantación de actividades extractivas en suelos protegidos por su valor forestal o paisajístico. El informe fue duramente criticado por el gobierno municipal, que acusó a la Junta de haber “cambiado de criterio”.

Precisamente, está previsto que se lleve al pleno municipal que se celebra en la mañana de este jueves la modificación del Plan General para adaptar el documento a los requisitos ambientales impuestos por la Junta. Así, del documento originario solo se mantendrá la parte que pormenoriza los usos bodegueros en la zona de viñedo, además de la clarificación y corrección de otros aspectos del documento en relación con el suelo no urbanizable. También se reducirán los niveles de prohibición de edificaciones en zonas de policía para adaptar el planeamiento municipal a la normativa autonómica de aguas. Por contra, se eliminará de la propuesta todo lo concerniente a la implantación de canteras en terrenos con algún tipo de protección.

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible fue tajante tras las críticas del ejecutivo jerezano: “No se pueden borrar de un plumazo todos los valores ambientales de los suelos protegidos de Jerez”. Acto seguido, dijo: “Tratamos de ayudar al Ayuntamiento con rigor y ofreciéndoles la oportunidad de justificar aquellos ámbitos que hayan perdido los valores ambientales que en su día fueron propuestos para su protección”.

La Junta de Andalucía señaló en su informe que la ampliación de usos en suelos protegidos no estaba suficientemente justificada, de ahí que le planteara que pormenorizara los suelos que habían perdido las características que habían propiciado que tiempo atrás se protegiesen. “El rigor jurídico es esencial para no perjudicar a Jerez ni a sus ciudadanos con trámites urbanísticos que ya cuentan con sentencias y, por tanto, jurisprudencia de los Juzgados tumbando planes generales”, añadió. Por ello, calificó de “inaudito” que el gobierno local les reproche “que seamos serios y rigurosos en una declaración ambiental estratégica, que no es desfavorable, pero sí garantista medioambientalmente”.

Otro de los reproches que realizó el ejecutivo es que este informe haya sido elaborado por Tragsa, una empresa estatal que ha sido contratada por el organismo autonómico para este tipo de trámites. Sobre este asunto, el delegado territorial niega que se hayan externalizado “los estudios de estas modificaciones”, aunque sí reconoció que el informe parte de unos “borradores previos” que “luego son supervisados, corregidos y firmados por los funcionarios de la Delegación Territorial”. “Es agilización de la administración”, argumentó.