La Junta de Andalucía ha tumbado parte de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Jerez empezó a tramitar en 2018 y que, entre otras medidas, quería permitir que se pudieran implantar actividades extractivas en suelos con protección forestal o paisajística. Tras recibir el informe ambiental, el Consistorio ha decidido que no reformará la parte de la propuesta anulada por el organismo regional ya que considera inviable la alternativa que se le ha dado; eso sí, continuará tramitando los cambios de planeamiento que no han recibido reparos. 

A lo largo de 2018 y 2019, la Delegación de Urbanismo tramitó una modificación de la normativa que regula el suelo no urbanizable para, por un lado, permitir nuevos usos y clarificar aspectos. Se justificó la propuesta de cambio en la necesidad de “corregir” algunos aspectos del ordenamiento municipal y en la posibilidad de facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas en el campo jerezano.

El documento se aprobó de manera provisional por el pleno municipal en diciembre de 2019 y fue remitido a la Consejería de Agricultura, que es la que tiene la competencia para los informes ambientales. Sin embargo, no ha sido hasta finales del pasado mes de enero cuando ha emitido la declaración ambiental estratégica, un pronunciamiento realizado fuera de plazo según el Ayuntamiento.

Entre las modificaciones, el Ayuntamiento planteaba la posibilidad de permitir la implantación de canteras en suelo no urbanizable que esté protegido por su interés forestal o paisajístico. Ahora bien, según explican desde la Delegación de Urbanismo, la propuesta incluía mecanismos de control para que estas actividades se implantaran en suelos que ya no tienen ese valor o bien que nunca lo tuvieron y se incluyeron en esta catalogación por error.

Sin embargo, la Junta de Andalucía considera insuficiente la justificación dada por el Ayuntamiento para ampliar los usos en este tipo de suelo no urbanizable protegido. Así, entiende que un cambio de este tipo no puede hacerse de manera generalizada, sino que deben concretarse los enclaves que han perdido el valor paisajístico o forestal.

Por contra, la Delegación de Urbanismo denuncia que esta determinación supone un “cambio de criterio” del organismo autonómico, puesto que advierte de que, hasta formular esta declaración, los distintos organismos autonómicos habían dado su beneplácito a la propuesta. Incluso, incidió en que Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta llegó a afear al Ayuntamiento que pusiera “tantos controles previos” por lo que le instaba a que cambiara la propuesta para que no invadiera competencias de control autonómicas.

El Ayuntamiento de Jerez justificó la propuesta en que existe una “importante demanda empresarial” para posibilitar las actividades extractivas en determinados suelos. Además, incidía en que cualquier permiso que se concediera estaba condicionado a que la actividad extractiva no afectara a los “valores” que justificaban la protección de estos suelos. Reclamaba, además, como requisito sine qua non para la obtención de la licencia municipal la presentación por parte del promotor de un proyecto de reforzamiento y mejora del espacio forestal que incluiría plantaciones de vegetación autóctona en el entorno de la cantera, entre otras medidas.

En cambio, la administración autonómica razona que el PGOU tiene una “base sólida” para fijar la clasificación de los suelos no urbanizables. Así, basándose en el denominado principio de no regresión ambiental (la limitación a los poderes públicos de disminuir el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté debidamente justificado), reclama un “plus de motivación razonada, pormenorizada y particularizada” para aceptar el cambio urbanístico.

En este sentido, le reprocha al Consistorio que trate de incluir las actividades extractivas “de forma genérica en todos los suelos no urbanizables de especial protección forestal y urbanística”. “La justificación de la modificación pretendida debería argumentar la falta de motivación inicial para la clasificación, calificación y categorización que inicialmente se hizo de dichos terrenos o, por el contrario, razonar y justificar en terrenos concretos el cambio de realidad existente a día de hoy”, agrega en su escrito.

Como alternativa, la Junta invitaba a que, “ante la imposibilidad real de justificar la pérdida de los valores ambientales en la totalidad de los terrenos protegidos forestal y paisajísticamente”, el Ayuntamiento proceda a la identificación de las parceles “en las cuales no existiera actualmente los valores ambientales que motivaron su protección”.

Pero esta vía de salvación de la propuesta resulta inviable para la Delegación de Urbanismo que asegura que no tiene medios para esta ingente tarea, por lo que ha decidido que retirará de su propuesta de modificación la vinculada a las actividades extractivas para salvar el resto de medidas. De este modo, ya se está trabajando en nuevo documento que incluirá las modificaciones no cuestionadas por la administración autonómica. Esta propuesta deberá volver a pasar otra vez por el pleno y tendrá que ser analizada nuevamente por la Junta.

Díaz: "El informe de la Junta es un despropósito"

En conversación con este periódico, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, se mostró muy crítico con la Junta de Andalucía al asegurar que ha habido un “cambio de criterio” en la declaración ambiental que recibieron semanas atrás sobre esta modificación. Así, calificó de “verdadero despropósito” el informe ya que asegura que la propuesta que promovió el Ayuntamiento fue contando con todos los parabienes de las distintas administraciones andaluzas que previamente analizaron la modificación hasta este último pronunciamiento.

De hecho, hizo mención de la opinión dada por la Servicio de Minas de la Junta, que advirtió al Ayuntamiento de que se estaría inmiscuyendo en sus competencias al establecer unos requisitos previos de regeneración ambiental y de control que incluía la propuesta municipal. Además, incidió en que el pronunciamiento autonómico se produce “pasado 13 meses” el plazo legal para informar sobre este tipo de propuestas. Pero sus críticas fueron más allá al acusar a la Junta de no haber realizado el informe, sino de ser una mera transmisora.

Así, advirtió de que la Junta de Andalucía ha externalizado los servicios de estudio de este tipo de modificaciones, unos trabajos que ha realizado la empresa Tragsa, una mercantil estatal dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).