Jerez

El gobierno local vuelve a licitar la contratación de abogados para el Ayuntamiento de Jerez

Un pleno celebrado meses atrás en el Ayuntamiento.

Un pleno celebrado meses atrás en el Ayuntamiento. / Manuel Aranda

El gobierno local ha vuelto a sacar a licitación la contratación de un bufete de abogados para que gestione la asesoría jurídica municipal y represente legalmente al Ayuntamiento jerezano. En el nuevo procedimiento ha tenido que modificar algunos aspectos de la convocatoria que coinciden en gran medida con la denuncia que realizó el Partido Popular frente al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía antes de que el procedimiento fuera suspendido tras detectarse un error en el anuncio sobre el tiempo de duración del contrato.

Entre las modificaciones realizadas se encuentra la inclusión en la previsión de costes la parte que tendrá derecho a percibir la adjudicataria de las costas judiciales favorables que perciba el Ayuntamiento (hasta un máximo del 50%). Asimismo, se establece que los recursos que se presenten contra esta liquidación deberán ser analizados por el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez y no el de Andalucía, tal y como establecía el anterior pliego de condiciones. Asimismo, se han hecho público algunos de los informes técnicos que justifican la continuidad de la externalización de este servicio durante los próximos cuatro años.

Para empezar, en el acuerdo de la junta de gobierno local celebrada el pasado martes donde se acuerda el nuevo inicio de licitación se hace mención de un informe de la directora de Alcaldía del día anterior que señala que “se ha advertido un error en el cálculo del valor estimado del contrato” al omitirse la parte de las costas procesales que tendrá derecho a percibir el adjudicatario. Según un informe tributario que ahora también ha sido publicado, el Consistorio ha percibido unos 161.000 euros aproximadamente en los últimos tres años por un total de 68 expedientes.

Asimismo, el gobierno local se ha visto obligado a modificar el pliego de condiciones que regula esta licitación puesto que establecía, tal y como hizo el PP, que los recursos debían presentarse ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía. De este modo, ahora se estipula que sea el Tribunal de Recursos Contractuales recientemente creado por el Ayuntamiento jerezano quien se encargue de dirimir cualquier los recursos que se presenten frente a esta adjudicación.

A finales de enero, el Partido Popular presentó una solicitud al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía donde solicitaba la suspensión cautelar de esta contratación para, con posterioridad, presentar un recurso. Así, alegaba que el precio del contrato establecido por el Ayuntamiento no correspondía con el coste total del servicio puesto que no incluía las costas judiciales. Además, incidía en la discrepancia en el periodo de duración de estos trabajos (en unos documentos se hablaba de cuatro años y en el anuncio de tres) y alertaba de que no se habían hecho públicos los informes de insuficiencia de medios del departamento de recursos humanos del Ayuntamiento que justifiquen esta contratación.

Días después, el gobierno local puso en duda la independencia del Tribunal de Recursos Administrativos de Andalucía cuestionando la celeridad en la respuesta que dio al escrito presentado por el PP y asegurando que este órgano ya no es competente para resolver conflictos en materia de contratación en el Ayuntamiento de Jerez desde el pasado mes de diciembre.

En el nuevo expediente de contratación se han hecho público en esta ocasión los informes que justifican esta licitación. Entre ellos se encuentra el de la jefa del departamento de relaciones laborales y sindicales del ayuntamiento que en un escrito firmado a finales de diciembre apunta escuetamente que a día de hoy “no existe” ningún funcionario que ocupe el puesto de letrado en el Ayuntamiento.

La asesoría jurídica municipal se encuentra externalizada desde 2017.

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