El gobierno local ha procedido a la suspensión del procedimiento de contratación del servicio un equipo de abogados para que lleve la asesoría jurídica municipal. El motivo alegado es que ha habido un error al informar del tiempo de duración del contrato.

Así, había documentos en el expediente de contratación que apuntaban que el tiempo de prestación de este servicio sería de tres años prorrogables por otros dos; mientras, en el anuncio publicado se señala que son de cuatro años. Precisamente, este ha sido uno de los motivos esgrimidos por el Partido Popular que a finales de la pasada semana presentó un escrito al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía donde reclamaba la suspensión cautelar de este procedimiento.

Este medio preguntó al gobierno local por los motivos de la anulación del procedimiento sin obtener respuesta. Ahora bien, en el expediente de la licitación consta un comunicado de la directora del departamento de contratación del Ayuntamiento con fecha de este miércoles donde se apunta que se ha procedido a la anulación de la licitación y a la suspensión del procedimiento hasta la “subsanación” del plazo de ejecución del contrato.

El Ayuntamiento tiene externalizada su asesoría jurídica desde 2017, una decisión que el ejecutivo local justificó en la falta de abogados con la categoría de funcionarios que tiene la plantilla municipal. El actual contrato con un bufete de abogados sevillano concluye el próximo mes de abril. Sin embargo, y a pesar de esta carencia, desde entonces se ha aprobado varias ofertas de empleo público y solamente en una de ellas ha convocado plazas para licenciados en Derecho. Fue en la de 2019 donde se reservaron seis plazas de funcionario para esta titulación, un procedimiento selectivo que se convocó a mediados del pasado año y que tiene pendiente la publicación de la lista de admitidos, así como de la fijación de la fecha de celebración de las pruebas.

En cambio, a finales de la pasada semana el Partido Popular presentó una solicitud al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía donde solicita la suspensión cautelar de esta contratación para, con posterioridad, presentar un recurso. Así, alega que el precio del contrato establecido por el Ayuntamiento no corresponde con el coste total del servicio puesto que no incluye las costas a las que tendrá derecho a percibir de aquellas sentencias favorables al Ayuntamiento donde se condene a la otra parte a su pago.

Así, el PP considera que esta cuantía no está "aprobada, ni retenida, ni fiscalizada", además de que no se informa públicamente del importe, de ahí que considere que son motivos para la suspensión cautelar del procedimiento. Asimismo, incide en la discrepancia en el periodo de duración de estos trabajos, así como denuncia que no se han hecho públicos los informes de insuficiencia de medios del departamento de recursos humanos del Ayuntamiento que justifiquen esta contratación.