Los hijos de José María Ruiz-Mateos Pablo y Alfonso han presentado recurso de apelación contra la sentencia que les condenó a un año de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y no depositarán los 1,4 millones de euros de multa impuesta por el juez, según confirmaron ayer fuentes jurídicas.

Los otros dos condenados, el exabogado del fundador de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, y el antiguo responsable de la tesorería de varias empresas del grupo José Antonio Hurtado, también han recurrido el fallo que les impuso dos años de cárcel por el mismo delito.

Según las mismas fuentes, ninguno de los cuatro condenados depositarán la multa solidaria de 1,4 millones de euros impuesta, a pagar entre todos, ya que se declararán insolventes. Yvancos y Hurtado deberán abonar entre ambos 460.043 euros adicionales por las cantidades defraudadas.

La Audiencia Provincial de Madrid tardará cerca de un año en resolver el recurso.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid condenó a los hijos de Ruiz-Mateos porque "sólo aparentaron cumplir con la obligación tributaria" correspondiente al Impuesto de Sociedades de 1996 de la sociedad Virnax, vinculada al entramado de Nueva Rumasa, y propietaria de algunos de los inmuebles de la familia Ruiz-Mateos.

En concreto, el juez les condena por no contabilizar ingresos por valor de 707,6 millones de pesetas (4,25 millones de euros) en esta sociedad, en la que los dos realizaban una "administración real y formal", "seguida, mantenida y aceptada no sólo por lealtad familiar, específicamente, a su padre, como pretendieron hacer creer". De esta forma, el juez rechaza el argumento de defensa que los Ruiz-Mateos vienen manteniendo ante los tribunales de que era el patriarca de la familia el que daba todas las órdenes.

De otra parte, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones tienen de plazo hasta hoy jueves para depositar la fianza de 30 millones de euros que les impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, dentro de la causa abierta contra ellos por presunta estafa e insolvencia punible. A día de hoy, la familia Ruiz-Mateos no ha depositado el dinero ni prevé hacerlo dada la elevada cantidad requerida, lo que obligará al juez a dictar el embargo de bienes a los imputados para cubrir su responsabilidad civil ante las pérdidas sufridas por los inversores en pagarés del grupo.