Pilar Sánchez actuó a su "libre albedrío" para beneficiar a Tinsa

La Fiscalía Anticorrupción solicita contra la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, 7 años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, fraude a la Administración en concurso medial (necesario para perpetrar los anteriores delitos) con una malversación en el denominado ‘caso PTA’, por el cual la exregidora ordenó presuntamente que se falsearan informes para que una empresa del sector sanitario, Tinsa (Tecnología Innovación Sanitaria) se instalara en un parque de carácter agroindustrial.

Junto a ella, el ministerio fiscal también pide cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por 8 años para Francisco Lebrero, concejal socialista que por entonces ocupara el cargo de delegado municipal de Fomento Económico. Los presuntos delitos de los que es acusado son prevaricación y fraude a la Administración en concurso medial con un presunto delito de malversación. La delegada de Medio Rural por entonces, María del Carmen Martínez, también resulta acusada con la solicitud de una pena de 5 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 16 años. Se le acusa de prevaricación, falsedad en documento oficial cometida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones y fraude a la Administración, en concurso medial con una malversación.

También están acusados un capataz de viña del PTA y los empresarios José Manuel C. C., José María R.G. y José María César L.D. por concertar una subvención para su empresa, Tinsa, en perjuicio económico de la Administración.

Según el ministerio público, la acusada Pilar Sánchez propició que una empresa se incorporara al Parque a pesar de que la misma era más que dudosa al no encontrarse en clara compatibilidad la actividad de la compañía con el objeto del PTA. Igualmente, y de forma presunta, la exalcaldesa instó a que se presentasen indebidamente dos solicitudes de incorporación al Parque por parte de Tinsa y permitió que no se satisfaciera por parte de esta empresa el 30% de la venta en el momento del contrato privado tal y como era obligatorio.

De otra parte, se considera que la exalcaldesa socialista concedió una subvención sin solicitarlo a la referida empresa e igualmente “aumentó discrecionalmente (es decir, por su cuenta y riesgo) la subvención a lo máximo permitido basándose en un informe falso previamente confeccionado por ella o a su orden y firmado por una persona sin la mínima cualificación profesional”, como es el caso del encargado del mantenimiento de las viñas que están frente al Parque Tecnológico.

Mantiene el referido escrito de acusación que el 25 de julio de 2008 Pilar Sánchez actuó a su libre albedrío y sin hacerle caso al gerente de Emusujesa, Sebastián Rubiales, “y con la intención nuevamente de beneficiar a Tinsa”, dictó una resolución en la cual accedió a que Tinsa sustituyera el aval bancario para eliminar el derecho de reversión a favor de Emusujesa para el caso de incumplimiento de las obligaciones de la venta, algo exigido tres años antes por el consejo de Emusujesa en un contrato privado, algo que otras empresas ya le habían solicitado a la exalcaldesa y ella había denegado.

Sostiene la Fiscalía que el 28 de enero de 2010, y cuando el ‘caso PTA’ ya había echado a rodar en forma de diligencias previas, Tinsa cambió su denominación a Sistema de Innovación de Fluidos y modificó su objeto social “para intentar maquillar su actuación, introduciendo en el mismo que las plantas productoras de oxígeno para uso humano van destinadas a la industria agroalimentaria, conservera, piscifactoría...”.

Para entender los hechos, hay que remontarse al 4 de septiembre de 2003, cuando se firmó un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento de Jerez. El objetivo no era otro que establecer las líneas de actuación para la ejecución y financiación de las obras necesarias para la puesta en marcha del Centro Agroindustrial de Jerez. El 24 de enero de 2004 se firmó un convenio de colaboración entre el referido ministerio y el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad para su puesta en marcha. El Ministerio de Agricultura se obligó a desembolsar 11 millones de euros a Promoción en dos pagos, uno de 5 millones en 2004 y otro de 6 millones en 2005. El dinero se ingresó. Por su parte, Promoción y Desarrollo se comprometió a cofinanciar el proyecto aportando 1,5 millones.

El 24 de septiembre de 2004 se firmó otro acuerdo, esta vez entre Promoción y Desarrollo de la Ciudad y la empresa de suelo municipal Emusujesa de cara a que ésta destinara los terrenos del Cortijo de los Siles al futuro Centro Agroindustrial y a tramitar los expedientes necesarios.

Fue el 16 de febrero de 2005 cuando el consejo de Emusujesa, con la asistencia de Pilar Sánchez y Francisco Lebrero, como presidenta y consejero de dicha empresa, fijó las bases para la venta de las parcelas que resultasen de la urbanización de los terrenos de la finca Dehesa de Siles destinada al Parque Agroalimentario. Allí se decidió la voluntad del Gobierno local por repercutir el importe de la subvención ministerial a los empresarios que finalmente adquiriesen este suelo industrial. El objetivo del centro es conocido: “Servir de base industrial a la actividad agropecuaria de nuestra comarca”.

El 6 de abril de 2005 se firmó un protocolo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para el desarrollo del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), “convirtiéndose dicho parque en un espacio productivo agroindustrial de alta calidad y en una referencia tecnológica de primera magnitud a nivel autonómico”. Fue entonces cuando se incluyó el concepto de innovación y se cambió su denominación de Centro Agroalimentario a Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.

Fue tres meses más tarde cuando, el 19 de julio de 2005, el consejo rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad fijó los criterios de valoración para que las empresas pudieran ubicarse en el PTA de Jerez. Estos criterios serán, a la postre, la pieza angular de todo el caso. Allí se determinó que como “pilar del sistema agroalimentario andaluz el sector del vino y su industria auxiliar”, no excluyéndose otro tipo de actividades “pero sí reconoce el papel preponderante que este sector juega en la producción agroalimentaria de Jerez”, se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía. ¿Cuáles eran dichos criterios para obtener subvención en el precio de la parcela? Pues, según la referida fuente, bastaba que una aspirante obtuviera puntuación en al menos dos de los cinco criterios contemplados y que el mínimo de puntos fuera de 6 sobre los 14 posibles.