La ex alcaldesa jerezana Pilar Sánchez ha asegurado que descubrió los contratos municipales que el Ayuntamiento había suscrito con las empresas de la trama Gürtel, dirigidas por Francisco Correa, cuando estalló públicamente la existencia de esta trama a nivel nacional de adjudicaciones fraudulentas por parte de administraciones gobernadas por el PP. Una vez sabido su existencia, y analizados los procedimientos de contratación seguidos, decidió denunciarlo ante la Justicia.

Fue una de las afirmaciones que ha realizado en la mañana de este jueves durante su declaración como testigo en el juicio que se está desarrollando en la Audiencia Nacional por los tres lotes contratados en 2004 por el Ayuntamiento jerezano para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de ese año con varias firmas dirigidas por Francisco Correa.

Sánchez afirmó que, al conocer el caso a nivel nacional, dio la orden de comprobar si el Ayuntamiento había realizado alguna contratación detectando entonces que había dos que eran mencionadas por la prensa local en relación con la edición de Fitur 2004 —por entonces gobernaba el PP de María José García-Pelayo—.

En este sentido, explicó que encargó un estudio jurídico a la entonces coordinadora general de Presidencia —uno de los máximos responsables a nivel técnico del Ayuntamiento— quien detectó irregularidades en las adjudicaciones concedidas a estas empresas para organizar la participación y promoción de Jerez en Fitur en 2004. "Nos dejó muy preocupados y decidimos presentar la denuncia y la documentación en el juzgado", apostilló ante el tribunal. La denuncia que originó esta pieza separada que ahora se está juzgando llegó a la Audiencia Nacional en febrero de 2009.

La ex alcaldesa rememoró que la promoción de Jerez en Fitur en la edición de ese año fue diferente a la de años anteriores. De hecho, era la primera que se hacía sin un gobierno andalucista. Lo habitual hasta entonces, y como ha vuelto a hacerse con posterioridad, Jerez no contaba con pabellón propio sino que lo hace junto al resto de municipios en el estand del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación.

Sánchez explicó durante su testificación que acudiendo a la cita madrileña con el resto de la provincia le suponía al Ayuntamiento mucho menos gasto, sobre todo teniendo en cuenta los problemas económicos que arrastra.

Las contrataciones con empresas de la Gürtel ascendieron a 355.000 euros y no solo se circunscribieron a la promoción dentro de la Feria sino también a la celebración de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y un recital flamenco en el Parque del Retiro durante los días en los que se celebró el evento turístico.

La declaración de una concejala de Vox de Córdoba

También declaró esta mañana la recién elegida concejala de Vox en Córdoba Paula Badanelli que recordó que tras ser entre 1999 y 2003 responsable de prensa del grupo popular en el Ayuntamiento cordobés trabajó para la empresa de comunicación del fallecido Isidro Cuberos, que fue jefe de prensa del ex ministro del PP Javier Arenas hasta 2001 y al que se le atribuye un papel de mediación en los contratos de Fitur entre el Ayuntamiento y las empresas de Francisco Correa.

Así, apuntó que, por indicación de Cuberos, entregó documentación en el Ayuntamiento de Jerez para la edición de Fitur de aquel año. Asimismo, aseguró que el periodista le presentó en una ocasión a la entonces alcaldesa García-Pelayo pero que fue simplemente un saludo de cortesía y no una reunión donde se hablara de la feria turística.

La próxima sesión del juicio, el 8 de julio

La siguiente sesión, la octava, de la vista oral por los contratos del Ayuntamiento de Jerez con empresas de la trama Gürtel se celebrará el próximo 8 de julio con la declaración de nuevos testigos. Según el calendario fijado por la Audiencia Nacional, habrá tres sesiones el próimo mes. Mientras, para septiembre se han fijado el resto de jornadas de este juicio (habrá otras 11 más).

Ahora bien, sigue pendiente de que el tribunal fije la fecha para la declaración como testigo de María José García Pelayo después de que las fiscales pidieran que lo hiciera lo más tarde posible a la espera de que se resuelva un recurso que determine si se reabre o no la causa contra ella —archivada en en 2016 por el Tribunal Supremo— tras la confesión realizada por Isabel Jordán, una ex administradora de las empresas, que también está procesada en esta causa.

Tanto en su declaración ante el tribunal en este juicio como previamente en un escrito enviado a la Fiscalía, Jordán aseguró que García-Pelayo había estado en las oficinas de las empresas de Francisco Correa en Madrid y mostró documentación sobre posibles irregularidades de los procesos de adjudicación. La ex regidora, en cambio, ha negado este extremo presentado documentación que, a su entender, acredita que en esos días estaba en Jerez y no en Madrid. 

La Audiencia Nacional decidió inicialmente no atender esta petición al entender que debía ser el Supremo quien se pronunciase ya que García-Pelayo es aforada al ser diputada en el Congreso. Sin embargo, la Fiscalía presentó un recurso que aún no se ha resuelto.