El pleno municipal celebrado este jueves también dio el visto bueno, con la abstención de la concejala de Podemos Rocío Monedero y el voto en contra de la edil de Ganemos Kika González, a una modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros que se destinarán al pago de facturas, a atender los gastos de los autobuses urbanos y a la firma de convenios con asociaciones comerciales, hosteleras y peñas flamencas, entre otras. El cambio se realiza, un año más, aprovechando el fondo de contingencia, una reserva de crédito del presupuesto municipal para atender eventualidades e imprevistos, una fórmula que empezó a aplicarse en 2020 justificándose en el impacto económico que tuvo la pandemia del coronavirus en estos sectores y que en este año se ha mantenido ante el incremento de los costes energéticos por la guerra en Ucrania.

De los 2,1 millones de euros, 1,3 millones se destinarán a dotar de crédito a facturas de proveedores. Mientras, se realizará una transferencia de 304.000 euros a la empresa municipal Comujesa para que la destine a los gastos del servicio de autobuses urbanos que se han visto incrementados por la actual crisis energética. El resto, unos 460.000 euros, irán a los convenios con entidades. Según el reparto, 200.000 euros están reservados para las asociaciones de comerciantes; otros 100.000 a las entidades de hostelería; 40.000 irán para el sector turístico; 120.000 para las peñas flamencas; y 40.000 para la asociación de taxis.

En próximas semanas, el Ayuntamiento tendrá que suscribir unos convenios con cada entidad beneficiaria donde se deberá detallar las actuaciones y actividades que financiarán con este importe. Con posterioridad, y al igual que se ha realizado en los dos años precedentes, estas asociaciones deberán presentar la documentación necesaria que justifique el gasto realizado.

La delegada de Economía, Laura Álvarez, incidió en estas ayudas señalando que estas servirán para “reactivar” el consumo local frente a los incrementos de costes que están sufriendo los negocios en los últimos meses. Asimismo, comentó que las cuantías a cada entidad han sido asignadas en función de su número de socios realizándose un "reparto objetivo".

La única formación que se opuso fue Ganemos Jerez, quien justificó esta postura al considerar que se está volviendo a recurrir a una fórmula “excepcional” cuando, a su entender, son unos acuerdos que deberían abordarse “desde principios de año” y con la participación de los grupos de la corporación.

Asimismo, salió adelante una modificación de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre la protección del patrimonio histórico. El PGOU, vigente desde 2009, incluye unas normas que fijan unos niveles de protección y las posibilidades de intervención en cada uno de sus inmuebles. Ahora bien, la Delegación de Urbanismo advierte de que estas debían actualizarse y aclararse algunas deficiencias de interpretación detectadas durante sus años de vigencia. El objetivo del cambio es pormenorizar qué elementos de un determinado inmueble pueden protegerse y qué tipo de intervenciones pueden realizarse.

El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, defendió la propuesta asegurando que este cambio normativo es un “complemento” a las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento en el centro.