En próximos días, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor la nueva ordenanza de terrazas de veladores, que sustituirá a una vigente desde 2014. La nueva regulación va encaminada no solo a adaptarla al marco regulatorio autonómico sino también a establecer nuevas determinaciones sobre la tipología y estética de este tipo de instalaciones, especialmente en el centro histórico.

La ordenanza fue aprobada de manera definitiva en la jornada de este jueves por parte del pleno municipal. Al igual que ocurrió en junio, cuando se le dio el visto bueno inicial, el texto no fue respaldado por ninguna formación de la oposición. Ahora bien, pudo salir adelante gracias a la abstención de Partido Popular,  Ciudadanos y el concejal no adscrito Francisco Zuasti (este último varió su posicionamiento en relación a la aprobación inicial de este documento).

En la sesión plenaria, se procedió al rechazo de todas las alegaciones que se habían presentado a la propuesta elaborada por la Delegación de Urbanismo. De hecho, la única novedad que se ha incorporado en relación con el texto aprobado hace unos meses ha sido una enmienda presentada por Ganemos Jerez para que la mesa de control del cumplimiento de esta reglamentación se reúna cada tres meses.

El edil de Urbanismo, José Antonio Díaz, justificó el rechazo de las propuestas realizadas por entidades como la federación de asociaciones Solidaridad, el grupo político Ganemos Jerez o el edil no adscrito Francisco Zuasti están incluidas “de una u otra manera”. El edil aseguró que el nuevo texto normativo “busca el equilibrio entre la hostelería y los vecinos” y que permitirá la “modernización” del sector, además de “dar respuesta” a sus necesidades. Insistió en que ha buscado el “consenso” con todas las partes y que lo ha logrado en mayor medida, salvo con “unas asociaciones de vecinos que no son la mayoría”, en referencia velada a la del centro histórico, que se ha mostrado especialmente beligerante con la propuesta.

De hecho, en un momento del debate, el edil llegó a decir, incluso, que, en el caso de que se hubieran aprobado las alegaciones y las enmiendas presentadas a la ordenanza, hubiera supuesto un "ataque a la hostelería". “Es una ordenanza compleja, pero es la mejor para la hostelería y los vecinos”, sostuvo.

Francisco Zuasti (no adscrito) conversando con Carlos Pérez (Ciudadanos).

"Falta de consenso"

En cambio, los grupos de la oposición coincidieron nuevamente en reprocharle al ejecutivo una "falta de consenso y de diálogo" con todos los colectivos implicados en la aplicación de este texto normativo. El portavoz del PP, Jaime Espinar, criticó al gobierno por haber trabajado “menos” que los colectivos en esta ordenanza y anunció que, en caso de que gobierne en el próximo mandato municipal, procederá a revisar el texto aprobado en este pleno con el objetivo de “buscar un equilibrio real entre la hostelería y los vecinos” que, a su juicio, el nuevo texto adolece. Por su parte, el edil de Ciudadanos Jesús García demandó al ejecutivo que refuerce “los medios y recursos” para que se haga cumplir la ordenanza.

Entre las voces discordantes con la nueva norma, Raúl Ruiz-Berdejo, en representación de Izquierda Unida, le afeó al ejecutivo local que no haya buscado un “consenso” con los grupos en la elaboración de esta ordenanza y advirtió de que la nueva reglamentación es “ambigua” y tiene “recovecos” en algunos aspectos. Rocío Monedero (Podemos), por su parte, advirtió de que la propuesta normativa solo defiende “planteamientos económicos”.

Kika González, en representación de Ganemos Jerez, acusó al gobierno municipal de “no haberse sentado” con todas las partes implicadas. Dirigiéndose al edil de Urbanismo, González comentó: “Silencia algunas voces del conflicto para decir que ha resuelto un problema”. Y Francisco Zuasti volvió a enfatizar que la normativa no tiene en cuenta algunas demandas de mejora de accesibilidad.

La adaptación de esta ordenanza a la normativa autonómica debería haberse realizado en 2019 puesto que un año antes la Junta de Andalucía modificó el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la comunidad autónoma. En ese decreto se determinó que las entidades locales tenían año y medio para modificar sus respectivas reglamentaciones.