El Tribunal Supremo decidirá en unas semanas si reabre o no la causa contra la ex alcaldesa María José García-Pelayo por las contrataciones que realizó el Ayuntamiento de Jerez en 2004 con empresas de la trama Gürtel para promocionar la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de aquel año.

El pasado 30 de septiembre, la Fiscalía solicitó ante el Alto Tribunal la reapertura de la causa contra la también candidata del PP al Congreso basándose fundamentalmente en unas afirmaciones realizadas por Isabel Jordán, una de las administradoras de las empresas de grupo de Correa, quien aseguró que las adjudicaciones fueron amañadas ya que las empresas designadas sabían de antemano que se encargarían de la promoción de la ciudad en la cita turística.

Esta pieza fue archivada en 2016 por el Tribunal Supremo pero el pasado mes de mayo el Ministerio Fiscal solicitó a la Audiencia Nacional que volviera a investigar a García-Pelayo; sin embargo, el Juzgado Central lo desestimó alegando que no era el órgano judicial competente. En septiembre, la Fiscalía presentó el escrito ante el Alto Tribunal y el pasado 24 de octubre el juez instructor Antonio del Moral firmó una providencia donde pedía a las partes que se pronunciaran sobre la reapertura de la causa.

La petición de la Fiscalía, publicada a primera hora de la mañana de este lunes por eldiario.es, incide en lo que ya alegó ante la Audiencia Nacional al asegurar que hay "nuevos y relevantes elementos probatorios" que justifican la reapertura.  

Jordán aseguraba que hubo una reunión en la que el número dos de la red, Pablo Crespo, comunicó que iban a participar en tres eventos de Jerez por "adjudicación directa de la alcaldesa a la empresa de Isidro Cuberos", periodista fallecido años después quien actuó de intermediario en las contrataciones. También decía que en enero de 2004, antes de que comenzara Fitur, García Pelayo fue dos veces a la sede de la empresa de Correa y conoció de primera mano el diseño de los estands, pese a que no se había tramitado ningún concurso para adjudicarlos.

Otro testigo en el juicio que se desarrolló recientemente en la Audiencia Nacional también aseguró que la ex alcaldesa visitó las oficinas. Este fue el caso de Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes quien, incluso, afirmó que mantuvo una conversación con García-Pelayo en presencia de Cuberos. 

Estos extremos han sido negados con rotundidad y en varias ocasiones por García-Pelayo. 

El abogado de García-Pelayo ya ha presentado alegaciones al escrito de Fiscalía

El letrado de la ex alcaldesa, Juan Pedro Cosano, presentó días atrás  las alegaciones solicitando que no se reabra la causa alegando tres argumentos. 

Para empezar, advierte de que el Tribunal Supremo no es a día de hoy competente para tramitar la causa ya que García-Pelayo no es diputada —cesó en el momento que se disolvieron las Cortes ya que tampoco fue incluida en la Diputación Permanente— y, por tanto, no es aforada. 

En esta línea, le recuerda al Tribunal que la ex regidora es candidata al Congreso en las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre y que, "casi con toda certeza, será reelegida de nuevo diputada en los venideros comicios". Por tanto, entiende que es "contraproducente" que el Alto Tribunal se pronuncie en este momento teniendo en cuenta que García-Pelayo puede volver a ser aforada. 

El segundo argumento esgrimido es negar las afirmaciones realizadas por Jordán y Pérez, especialmente en las que aseguraban que la ex regidora visitó las oficinas de las empresas contratadas. De hecho, les resta credibilidad alegando que están fundamentadas en conseguir "beneficios procesales o penitenciarios" por lo que recuerda que están encausados o condenados por otras causas vinculadas a esta trama.

Finalmente, incide en que los hechos estarían prescritos, una determinación que ya apuntó el Tribunal Supremo en 2016 cuando archivó la causa contra García-Pelayo.  

Mientras tanto, la Audiencia Nacional tiene pendiente la sentencia por la causa que abrió por estos contratos en los que están procesados los principales responsables de las empresas contratadas y varios técnicos municipales. La vista oral concluyó el pasado 19 de septiembre.