A las nueve y media de este jueves se celebrará un pleno municipal con carácter extraordinario donde se tratará de aprobar el procedimiento para legalizar el parque comercial Luz Shopping. Será la segunda vez que se debata la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) con la que se pretende regularizar la parte central del enclave tras el revés sufrido la semana pasada en otra sesión donde no se alcanzaron los votos necesarios para que saliera adelante.

Hoy, si no falta en el momento de la votación ningún edil de PSOE, de Ganemos Jerez o de Izquierda Unida, el cambio de planeamiento se aprobará de manera inicial pues es altamente improbable que Partido Popular y Ciudadanos opten por otro posicionamiento que no sea la abstención.

Ahora bien, y al igual que ocurriera la pasada semana, Martín Aleñar, el empresario que presentó los recursos judiciales contra el parque comercial, volvió a pronunciarse públicamente un día antes de la sesión plenaria exigiendo que el Ayuntamiento ejecute la orden de derribo que pesa sobre parte del centro comercial.

El parque comercial Luz Shopping es propiedad de una filial de la firma sueca Ikea (Ingka Centres Jerez, antes denominada IICE Parque Comercial Jerez XXISL). Su manzana central, conformada por zonas de restauración y de tiendas de pequeño formato, pudo construirse en 2012 tras aprobarse un instrumento urbanístico (concretamente un estudio de detalle) que le permitía tener más superficie construible a la inicialmente prevista.

Para ello, los metros cuadrados de más que se le asignaron se detrajeron del resto de manzanas del enclave —la zona donde están los establecimientos de gran formato—. La parcela central tiene una superficie de unos 34.000 metros cuadrados y contaba en un principio con una edificacibilidad de 12.000 metros cuadrados pero se pasó a 16.000.

Sin embargo, Aleñar, que promovió inicialmente el enclave comercial a mediados de la pasada década y que fue socio originario de Ikea en el proyecto —a día de hoy sigue siendo propietario de varias parcelas en el entorno del enclave—, denunció la tramitación urbanística en el Juzgado. Fruto de ello, el TSJA no solo tumbó el estudio de detalle en 2013 sino que también anuló las licencias municipales que permitieron su construcción. Tiempo después corrió igual suerte el plan especial que, tras el primer revés judicial, promovió Ikea y tramitó el Ayuntamiento para legalizar el enclave. El Supremo también acabó anulándolo aunque por la falta de un estudio económico.

Este es, por tanto, el tercer intento para legalizar un parque comercial sobre el que pesa, además, una orden de derribo dictada por el Juzgado de lo Contencioso de Jerez el pasado mes de octubre. El auto, eso sí, está recurrido ante el TSJA.

Sin embargo, Martín Aleñar volvió a acusar al Ayuntamiento de “anteponer los intereses de una empresa privada al cumplimiento de unas sentencias firmes". “La modificación puntual del PGOU [...] tiene como finalidad única la de legalizar las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por Ikea y que los tribunales sistemáticamente han considerado ilegales”.

Asimismo negó que la firma sueca pueda reclamar una indemnización millonaria al Ayuntamiento —Ganemos e IU la estiman en unos 90 millones de euros— al afirmar que los instrumentos de planeamiento aprobados por el Ayuntamiento fueron “elaborados y propuestos por Ikea, que era conocedora de los problemas que su tramitación podría acarrearle”.

Mientras tanto, el ejecutivo local sigue manteniendo la tesis de la necesidad de darle una solución y normalizar la situación este enclave comercial. Por su parte, fuentes de Ikea apuntaron la semana pasada a este periódico que en 2014 se concedieron nuevas licencias que no fueron recurridas y que , a su entender, daría “cobertura” a la parte central del enclave. Además defendió la modificación del Plan General señalando que cuenta con “todos los informes técnicos y jurídicos necesarios para corregir los defectos formales del Plan”.

En cambio, Aleñar le reprochó al ejecutivo de seguir “concediendo licencias en la zona central, lo que es rigurosamente ilegal”. “La sentencia debe ejecutarse pues otra cosa sería burlar a la justicia”, sostuvo.