La Delegación de Urbanismo ha decretado una orden de clausura del colegio de Educación Infantil Saint Thomas al carecer de licencia de apertura. No obstante, la empresa propietaria de las instalaciones docentes tiene ahora un periodo de 15 días, que empezó a contar el pasado día 22, para presentar alegaciones. Tras esto, el Ayuntamiento deberá analizarlas por lo que todo apunta a que no habrá resolución definitiva hasta dentro de varias semanas por lo que el colegio podrá acabar el presente curso escolar.

No obstante, este centro, ubicado en la Carretera de La Cartuja, arrastra un cúmulo de ilegalidades que no le han impedido ejercer su actividad docente desde 2007. Todo comenzó en ese año cuando los Legionarios de Cristo, una de las congregaciones católicas más ultraconservadoras de la Iglesia, decidía abrir en Jerez un centro educativo incluyéndolo en su red de centros bajo la marca 'Highlands'.

Al poco de abrir, se abría un expediente disciplinario por carecer de licencia pero este no se cerró hasta el pasado año. Incluso, las instalaciones cambiaron de propietario ya que los Legionarios iniciaron hace varios años una serie de desinversiones en su red de centros. El colegio pasó a manos de la Fundación Dom, una entidad constituida por Enrique Martínez Porras y por la sociedad Instituto Santo Tomás de Educación y Familia SL, que está dirigida por Juan Antonio Perteguer. Ambos empresarios están muy vinculados a la gestión de centros educativos privados de corte religioso. La fundación logró el año pasado que el Ayuntamiento le cediera una parcela de 20.000 metros cuadrados en las inmediaciones del estadio de Chapín para trasladar el colegio. Meses atrás se iniciaron las obras del nuevo centro y la institución prevé ponerlo en marcha el próximo curso escolar. Además, el centro educativo pasó a denominarse tiempo atrás 'Saint Thomas'.

Sin embargo, las actuales instalaciones siguen arrastrando ilegalidades que ayer denunció Foro Ciudadano. Incluso, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía al entender que el gobierno local ha podido incurrir en hechos punibles penalmente por no intervenir. Según el relato ofrecido ayer por esta formación, en septiembre de 2007 se inició un expediente administrativo por ejercer la actividad sin licencia contra Colegio Mayor Hispanomexicano, una sociedad vinculada a los Legionarios. Sin embargo, el expediente no concluyó hasta marzo del año pasado ordenándose por parte del entonces edil de Urbanismo, Antonio Saldaña, la caducidad y archivo del expediente aunque ese mismo día se abría uno nuevo por los mismos motivos. Pero este nuevo procedimiento volvió a archivarse el pasado 15 de abril mediante un decreto del actual delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz.

Tras esto, Foro denunció que se haya cerrado el expediente "a pesar de estar perfectamente instruido". Sin embargo, horas después, el Ayuntamiento anunció que se ha abierto un nuevo proceso disciplinario porque los actuales propietarios alegaron "cuestiones de titularidad". La Fundación Dom advirtió que el expediente sancionador iba dirigido a los anteriores propietarios aunque Foro aseguró ayer que en la información que han consultado no constan "cambio de titularidad alguno". Este medio también contactó con Enrique Martín quien aseguró que la Fundación "no tiene nada que ver" con los procedimientos disciplinarios abiertos contra los gestores del antiguo Highlands Jerez.

Mientras, el Ayuntamiento aseguró ayer que los expedientes que afectan a este centro "siguen actualmente su curso" (Foro apuntó ayer que hay tres procesos sancionadores por la ejecución de diversas obras que solo uno se ha resuelto con sanción económica, que aún no se ha abonado) . Incluso, incidió en que el pasado 22 se decretó una nueva orden de clausura dirigida a la Fundación Dom "encontrándose actualmente en periodo de alegaciones". Además, achacó la lentitud en la tramitación de los procedimientos disciplinarios al volumen de trabajo existente en la Delegación que provoca que en algunas tramitaciones "los plazos legales para resolverlos se vean sobrepasados, por lo que automáticamente quedan caducados, sin que esto sea un obstáculo para su reinicio".

Por contra, Foro Ciudadano considera que estos hechos podrían ser constitutivos de "delitos sobre la ordenación del territorio y contra la administración pública" cometidos presuntamente por la alcaldesa, María José García-Pelayo, y los ediles Saldaña y Muñoz, de ahí que se ha tomado la decisión de trasladar estos hechos a la Fiscalía. Incluso, anunció que se preguntará a la alcaldesa por la situación del expediente sancionador ya resuelto.