Unas 15 empresas que fueron adjudicatarias de obras que se financiaron con el Plan Proteja, una iniciativa creada por la Junta para promover la ejecución de obra pública por parte de los ayuntamientos y la contratación de desempleados, deberán devolver unos 568.000 euros al haber incumplido algunos de los requisitos que exigía la convocatoria. Las actuaciones fueron adjudicadas y ejecutadas en 2010 por el gobierno dirigido por Pilar Sánchez (PSOE); sin embargo, dos años después, la Junta analizó cada una de las actuaciones detectando que 19 de ellas incumplieron aspectos tales como el compromiso de contratar a desempleados. Tras esto, el organismo autonómico cuantificó la infracción y exigió su reintegro. Tal y como establece la normativa que reguló el fondo, el Ayuntamiento es quien debe reclamar a las empresas la devolución. No obstante, Jerez no es el único municipio donde se han detectado fallos en la ejecución de estos fondos. Algeciras, Barbate, Los Barrios, Chiclana o Puerto Real son también otras localidades que deben recuperar parte de estas transferencias. Estos datos proceden de una respuesta escrita del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, al parlamentario andaluz Miguel Contreras López sobre el grado de cumplimiento del Plan Proteja.

Los hechos se remontan a 2010. Entonces, la Junta promovió una segunda convocatoria de esta iniciativa, concediendo a Jerez 5,4 millones de euros para destinarlos a obras. El gobierno socialista decidió gastarlos en 40 actuaciones de diverso calado como reurbanizaciones, arreglos de centros educativos y adecentamiento de parques, entre otras. La Junta abonaba al Ayuntamiento las cuantías de la siguiente manera: en un primer momento pagaba el 20% y durante la obra un 60%. El 20% restante se entregaba una vez ejecutada la obra y certificado que se habían cumplido los requisitos exigidos. Mientras, el Ayuntamiento tenía que contratar las obras y adelantar los pagos.

El Plan Proteja establecía que se debía fomentar la contratación de desempleados de larga duración, mayores de 45 años o menores de 30, discapacitados o personas en riesgo de exclusión social. Para ello, a la hora de adjudicar las obras se valoraba especialmente que las empresas se comprometieran a ello, un hecho que los ayuntamientos tenían la obligación, además, de vigilar durante la ejecución de los trabajos.

Sin embargo, a la hora de liquidar la última transferencia del fondo (el 20%), se analizó el cumplimiento de los requisitos comprobando que hubo empresas que no llegaron a los niveles de contratación a los que se habían comprometido. Ante esto, la Junta restó la cuantía penalizada al ingreso pendiente al ayuntamiento. Esta circunstancia ha supuesto un perjuicio para las arcas municipales al no recibir un dinero que había adelantado y que ahora tendrá que tratar de recuperar.

Pero, en algunos casos, se dio la circunstancia añadida de que el incumplimiento era mayor que el pago pendiente, de ahí que la Junta exija, además, la devolución de la diferencia. En el caso de Jerez, son 18 las actuaciones detectadas que deberán devolver 568.000 euros, de los que 425.000 ya fueron retenidos en su momento por el organismo autonómico al Ayuntamiento.

El actual equipo de gobierno se ha visto ahora en la obligación de reclamar a las empresas adjudicatarias pero, hasta el momento, estas apenas han procedido a los reintegros. Ante esto, desde el PP se criticó que el PSOE no hiciera los controles necesarios para detectar estos incumplimientos y evitar que ahora se tengan que intentar obtener las devoluciones de cuantías que fueron abonadas años atrás, además de provocar que no se generaran las contrataciones previstas. Finalmente, advirtió que este tipo de iniciativas no generan empleo estable.