El Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Jerez han alcanzado un acuerdo para la refinanciación del grueso de la deuda municipal. Aunque por el momento no han trascendido los pormenores del acuerdo, el Consistorio se ha comprometido a subir “levemente” el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), a modificar el callejero fiscal para recaudar por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y eliminar la bonificación que tienen los vehículos históricos en el impuesto de circulación (IVTM). No se tocará, en cambio, otros tributos como el IBI o la tasa del agua, entre otros.

En la jornada de este viernes concluía el plazo establecido por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para concretar los pormenores de las nuevas condiciones que tendrán el grueso de los préstamos que tiene el Ayuntamiento en su pasivo para hacer más fácil su devolución en las próximas décadas. Las medidas que tendrá que aplicar el Ayuntamiento se deberán recoger en una resolución que el Misterio suscribirá a lo largo de la jornada de este viernes.

La regidora aseguró que se ha acordado con Hacienda que "no haya novedades" en los principales tributos tales como el IBI, el impuesto de circulación o la tasa del agua, entre otros, aunque sí apuntó que se “tocará” en el impuesto de construcciones, el IAE y el conocido como ‘sello del coche’. Estas modificaciones tributarias supondrán unos incrementos de unos 4,3 millones de euros en los ingresos cada año, según las estimaciones municipales. Tras avanzar algunos de los detalles del acuerdo, García-Pelayo se mostró "satisfecha" ya que es "un buen acuerdo para Jerez" ya que "los jerezanos no se van a ver afectados".

Para empezar, él Ayuntamiento no tendrá que pagar antes de final de año los 32,4 millones de euros que estaba obligado a devolver de los préstamos ya suscritos. De este modo, serán aproximadamente nueve millones los que tendrá que abonar antes de que acabe el ejercicio.

Modificaciones en algunos impuestos

El gobierno municipal estima que la modificación que se aplicará en el Callejero Fiscal, el documento que establece las categorías de las calles de la ciudad y, por ende, establece los coeficientes que se aplican para el cálculo de algunos impuestos, se tendrá que modificar tras una sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que, según la regidora, obliga a hacerlo.

Este cambio supondrá que se incremente la cuota que tendrán que pagar algunas empresas por impuestos como el IAE, que grava a aquellos establecimientos que tienen una facturación anual superior al millón de euros. Por este concepto, el Ayuntamiento contempla que ingresará unos 2,8 millones más. El año pasado percibió por este tributo unos 7,5 millones, según el estado de ejecución del presupuesto a finales del pasado año.

Por otro lado, se aplicará una subida del 0,3% del impuesto de construcciones y obras, un incremento que, según lo apuntado por la alcaldesa, “no es ni la actualización del IPC”. Por esta medida, prevé unos ingresos extras de 786.000 euros.

Y, finalmente, se eliminará la bonificación del impuesto de circulación que se aplica a los vehículos históricos (aquellos que tiene más de 25 años), una supresión que supondrá un extra de 823.000 euros por esta vía, a tenor de las previsiones económicas realizadas por la Delegación de Economía.

Los antecedentes de la refinanciación

Inicialmente, el Ayuntamiento de Jerez tenía que devolver este año unos 32,4 millones (unos 25,7 millones en amortizaciones y el resto en intereses) de los préstamos suscritos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) adscritos al denominado fondo de ordenación, la línea habilitada por la administración central para los ayuntamientos con problemas financieros. Esta cuantía se incrementaba notablemente ya que en este año se debía empezar a devolverse el mayor préstamo que el Ayuntamiento tiene actualmente en su pasivo, concretamente uno suscrito en 2021 en el que se agrupó casi todas las operaciones firmadas con el Ministerio de Hacienda.

Teniendo en cuenta que este problema no solo lo tiene el de Jerez sino también otros ayuntamientos de España, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó las bases de un compromiso a firmar con determinados ayuntamientos para garantizar su sostenibilidad financiera. La propuesta, en síntesis, era acordar una nueva refinanciación de los préstamos ya suscritos a cambio de que las entidades locales beneficiarias se comprometieran a acometer nuevas medidas de incremento de los ingresos y reducción de los gastos.

De este modo, y tras solicitarlo el anterior gobierno del PSOE, en abril se aprobó un aplazamiento de esta devolución hasta final de año mientras se negociaban las medidas. El plazo culminaba este viernes.

El ejecutivo aseguró que, inicialmente, el Ministerio reclamó más subidas tributarias, entre ellas la del IBI. Sin embargo, finalmente ha aceptado las revisiones tributarias planteadas en la última propuesta remitida por el ejecutivo —los últimos detalles se perfilaron en la noche del jueves— con un compromiso añadido de “contención del gasto”, cuyos pormenores no se han apuntado por el momento.

Según los últimos datos hechos públicos por el Ayuntamiento, al cierre del segundo trimestre de este año el Ayuntamiento tenía unos 918,3 millones de euros de deuda financiera, de los que 882,2 millones son con el fondo de ordenación habilitado por el Ministerio.