Adoquinado del casco histórico

La Junta requiere más información sobre el plan de asfaltado de plaza Esteve

  • La delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico considera insuficiente la documentación remitida por Urbanismo

  • Solicita información detallada del proyecto del eje viario Corredera-Cerrón por temor a que la actuación pueda afectar al conjunto histórico de la ciudad declarado BIC

Imagen del adoquinado de plaza Esteve, muy deteriorado por el frecuente paso de autobuses urbanos, vehículos de carca y dascarga y particulares.

Imagen del adoquinado de plaza Esteve, muy deteriorado por el frecuente paso de autobuses urbanos, vehículos de carca y dascarga y particulares. / Manuel Aranda

El Ayuntamiento de Jerez sólo ha atendido a medias el requerimiento de información sobre el plan de asfaltado del eje viario Corredera-Cerrón que le realizó la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Cádiz a raíz de una denuncia presentada por la federación de vecinos Solidaridad.

Técnicos del departamento autonómico que dirige Mercedes Colombo se han puesto en contacto vía telefónica con la delegación municipal de Urbanismo para solicitar información detallada sobre el proyecto de reforma integral del asfaltado en esta zona del casco histórico, que comprende las calles Corredera, Santa María y Cerrón, además de la plaza Esteve.

Urbanismo atendió el requerimiento dentro de los diez días hábiles concedidos por la delegación territorial, pero se limitó a enviar la documentación sobre la aprobación del proyecto por parte de la comisión local de Patrimonio Histórico, sin facilitar información alguna sobre la actuación en sí.

La Junta considera que la documentación remitida no satisface su requerimiento, motivo por el que ha vuelto a insistir en la necesidad de que Urbanismo informe de la actuación prevista en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que podría afectar al patrimonio de la ciudad.

Cabe recordar que la delegación de Cultura y Patrimonio Histórico manifestó en el escrito inicial dirigido a Urbanismo su absoluto desconocimiento acerca de una actuación que, a su juicio, pudiera exceder las competencias delegadas a la Administración local para la concesión de licencias.

“Visto que el mencionado plan de asfaltado pudiera incidir en alguno de los supuestos no incluidos en la delegación de competencias aprobada, se solicita nos sea remitido en un plazo de diez días el plan de asfaltado del centro histórico de Jerez de la Frontera”, exponía el escrito, en el que la delegación de Cultura y Patrimonio Histórico recordaba que este tipo de intervenciones requieren de información previa, si no de autorización, por parte del organismo autonómico.

El escrito concluía con un alegato al “marco de cooperación y estrecha colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa, conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico mediante relaciones recíprocas de plena comunicación”.

En su respuesta verbal al requerimiento de la Junta, la primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, aseguró que la intervención en el eje viario Corredera-Cerrón entra dentro de las competencias del Ayuntamiento, al tiempo que apuntó a la existencia de posibles intereses partidistas del PP –al frente de la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico– detrás de esta actuación.

“Ya nos han castigado con el Centro Tecnológico del Motor e intentaron pararnos el proyecto de Iluminación Singular, sin que atiendan a la alcaldesa de la quinta ciudad de Andalucía, que le ha pedido de manera reiterada al presidente de la Junta de Andalucía reunión para todos estos temas”, dijo entonces la responsable municipal, quien suplicó a la Junta para que, “por favor, dejen ya el castigo a la ciudad”.

La federación de vecinos Solidaridad también aclaró en su momento que en la denuncia que dio pie al requerimiento de la Junta se limitaron a expresar su preocupación por las posibles consecuencias del nuevo reparto de sillones en la comisión local de Patrimonio Histórico por la supuesta incorporación de personas afines al gobierno local en detrimento de profesionales cualificados en la materia.

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