La alcaldesa, Mamen Sánchez, insistió en que hasta el pasado domingo desconocía que el ya ex delegado de Alcaldía en Las Pachecas, Alberto Garrido, está acusado desde hace más de siete meses de un delito de acoso sexual por parte de una trabajadora adscrita a un programa de empleo que realizó tareas de limpieza y jardinería en este diseminado en el verano de 2017.

Tal y como apuntó la regidora, Garrido fue cesado en la mañana de ayer de su puesto como representante de este núcleo rural ante el Ayuntamiento. Asimismo, el PSOE, formación a la que pertenece, ha iniciado el expediente para suspenderlo de militancia de forma cautelar.

La alcaldesa insistió en que desconocía la existencia tanto de la denuncia como de las posteriores diligencias previas que han derivado en la apertura de juicio oral contra el ex representante de Las Pachecas. Asimismo, afirmó que ha solicitado a los servicios municipales correspondientes —tanto Recursos Humanos como Igualdad— que elabore un informe sobre las actuaciones que se realizaron cuando la denunciante lo comunicó al Ayuntamiento.

Sobre la decisión de cesarle como delegado de Alcaldía en Las Pachecas, la alcaldesa indicó en una comparecencia realizada en la sede del PSOE que ayer pudo hablar con él para comunicarle la decisión. “Él me ha dicho que no ha hecho nada y si yo creía más a la prensa que a él. No es cuestión de creer; se enfrenta a un juicio y tendrá que hacerlo con todas las garantía porque esto no es cuestión de partido sino algo personal; tendrá que enfrentarse a ello al margen del partido y de la institución”.

Los hechos denunciados se circunscriben al mes de agosto de 2017. La denunciante fue elegida para trabajar en Las Pachecas dentro de un programas de ayuda a la contratación de desempleados. En la barriada rural se le asignaron diversas tareas de limpieza y jardinería en este diseminado situado en las inmediaciones de la autovía Jerez-Los Barrios (A-381). Pero, según reza en la denuncia que hizo los días 21 y 22 de agosto ante la Guardia Civil, la empleada dio detalle de la presunta actitud que tenía hacía ella el ya ex delegado de Alcaldía, asegurando que le tocaba el pelo, la camiseta y la cara, una situación que le “incomodaba”.

Incluso apuntó que el delegado de Alcaldía estableció que no trabajara en las calles de la barriada rural sino que dejó que estuviera en su despacho aunque sin hacer “nada”, momentos en los que este señalaba que se dedicaba a contarle aspectos personales de su vida.

Este medio se puso en contacto con Pedro Pérez, abogado del acusado, quien se limitó a señalar que su cliente sigue manteniendo su inocencia y niega que en algún momento tuviera una actitud de acoso hacia la denunciante.

El acusado, en declaraciones a Canal Sur Radio, señaló que solo le envió mensajes donde le llamaba “guapa” y negando otras afirmaciones realizadas por la denunciante. Incluso ayer, Garrido dijo a esta misma emisora que había comunicado la denuncia tanto a la alcaldesa como a la ejecutiva provincial de su partido, de quien aseguró que le había puesto a su disposición un “abogado”.

Este extremo lo negó Mamen Sánchez insistiendo en lo ya apuntado por la mañana de que supo de la denuncia tras trascender a los medios de comunicación en la jornada de domingo. Desde la ejecutiva provincial declinaron hacer valoraciones al respecto.

El caso ya está en manos del Juzgado de lo Penal tras las diligencias realizadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez. Ahora bien, aún está pendiente de fijarse la fecha del juicio —el abogado de la defensa afirmó que aún no se ha señalado—.

En el escrito de acusación, la Fiscalía califica lo ocurrido como un delito de acoso sexual por lo que demanda cinco meses de prisión y una orden de alejamiento sobre la denunciante. Mientras, la acusación particular eleva la pena solicitada a los dos años al considerar que los hechos denunciados deben calificarse como un delito de coacciones con el agravante por haber una relación existente entre acusado y denunciante al ser el primero el “jefe o encargado” y circunscribirse lo ocurrido en el ámbito de una relación laboral y de “prevalimiento del autor-hombre sobre la víctima mujer”, según reza en el auto de apertura del juicio oral.