La falta de información alimenta la incertidumbre. Las bodegas de Jerez siguen a la espera de noticias sobre la posible ampliación de la lista los productos agroalimentarios sujetos a aranceles adicionales en EEUU, que estudia incluir, entre otros, a los vinos de más de 14 grados –caso del sherry– y al cava, excluidos inicialmente.

La Administración Trump cerró el pasado lunes el proceso de consultas –el único documento conocido hasta la fecha– emprendido para conocer la opinión de los afectados en caso de la ampliación y que, según fuentes del sector, se cerró con más de 25.000 observaciones por parte de importadores, distribuidores y empresas.

El director general del Consejo Regulador del vino, César Saldaña, ha aprovechado su estancia esta semana en la capital española con motivo de la celebración de Madrid Fusión para mantener distintos encuentros con responsables del ICEX y de la embajada española en Washington, sin que de momento haya trascendido información sobre la postura que adoptará el Gobierno norteamericano, que tampoco se ha marcado plazos concretos para tomar una decisión.

Fedejerez considera "desproporcionados" los aranceles para la participación de España en Airbus, que es sólo del 4%

Otras fuentes del sector apuntan que hay expectativas de poder encontrar una solución negociada. Según Saldaña, el vino, el aceite y el queso, los sectores más afectados por los aranceles adicionales del 25% impuestos a la entrada de productos agroalimentarios en EEUU en represalia a las subvenciones europeas a Airbus, cuentan con el apoyo de la industria americana, que se ha posicionado en contra de esta medida por su impacto negativo sobre el empleo. No en vano, un crítico del New York Times cifró en 78.000 los puestos de trabajo en empresas de la distribución, importadores, etc, que están en riesgo en EEUU por la guerra comercial con al UE.

El Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), del que forma parte la Federación Española del Vino, y el Wine Institute –principales organizaciones del vino a ambos lados del Atlántico– anunciaron el pasado martes la firma de un histórico comunicado conjunto de principios en el que piden a los gobiernos de EEUUy la UE que facilitan el acceso del vino a los mercados de ambas partes la eliminación de todos los aranceles al vino.

Ambas organizaciones destacan la importancia del comercio del vino entre EEUU y la UE, con transacciones que alcanzan los 4.660 millones de euros (5.330 millones de dólares) y que, además, genera una gran cantidad de empleo e inversiones.

El Consejo Regulador considera que las medidas compensatorias anunciadas por la UE son "un gesto de cara a la galería"

Las bodegas españolas empiezan a plantearse su salida de Estados Unidos si el Gobierno de Trump fija nuevos aranceles, que según deslizó la Administración americana, pueden elevarse del 25% al 100%. Hasta ahora, Los vinos tranquilos españoles de menos de 14 grados ya afectados han sufrido una subida de precios que, según alertan las firmas bodegueras, podría derivar en una reducción de sus ventas a la mitad en los próximos meses.

El sector del vino español entiende que en esta guerra comercial pagan justos por pecadores, por lo que ha solicitado al Gobierno central que deje de subvencionar a Airbus para evitar así futuras represalias por parte de Estados Unidos. El ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyos titulares de Agricultura, Luis Planas, e Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han mostrado su malestar e implicación en distintos encuentros mantenidos con el sector, no se ha pronunciado aún sobre la reivindicación de las bodegas, cuya patronal en Jerez, Fedejerez, considera los aranceles impuestos al vino español “inaceptables y desproporcionados”, toda vez que recuerda que la participación de España en el consorcio Airbus es sólo del 4%.

La UE, por su parte, ha anunciado la flexibilización de medidas previstas OCM del vino para compensar al sector, para lo que ampliará del 50 al 60% la financiación de los programas de promoción en países terceros, contemplándose también la posibilidad de extender de tres a cinco años su duración en EEUU. Según César Saldaña, se trata más bien de "un gesto de cara a la galería", pero que no soluciona el problema de fondo.