Jerez

El Ayuntamiento autorizó 241.000 euros en pagos para abogados en la causa Gürtel

El stand de Jerez que montaron las empresas vinculadas a la Gürtel en Fitur 2004.

El stand de Jerez que montaron las empresas vinculadas a la Gürtel en Fitur 2004.

La defensa jurídica de los cinco técnicos municipales que han sido enjuiciados por los contratos que el Ayuntamiento de Jerez realizó en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel ha tenido un coste para el Ayuntamiento de 241.555,55 euros aproximadamente. Este fue el importe fue autorizado en 2019 por parte del gobierno municipal tras la petición realizada por los trabajadores. Ahora bien, y a pesar de la solicitud realizada por este periódico, el ejecutivo no ha aclarado si este importe se ha visto incrementado o disminuido desde entonces.

Los cinco técnicos han sido defendidos por tres abogados durante el proceso judicial que se inició en 2015 cuando el Juzgado Central de Instrucción inició la investigación. El juicio en la Audiencia Nacional se celebró a finales de 2019 y ahora se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo con la que se cierra el procedimiento judicial. En ella se ha ratificado la absolución de los cinco empleados municipales (ha considerado que no hubo delito de prevaricación mientras que ha prescrito el de falsedad), aunque el tribunal ha reiterado las irregularidades que hubo durante el proceso de adjudicación de estas empresas que organizaron la promoción de la ciudad durante la edición de Fitur en 2004.

A lo largo del primer semestre de 2019, el Ayuntamiento recibió las solicitudes de los cinco técnicos municipales enjuiciados en la causa (dos de ellos ya no trabajan en la administración local) solicitando que asumiera los gastos de su defensa jurídica. En ese momento, se encontraban a la espera de que se celebrase la vista oral en la Audiencia Nacional, que se había fijado para meses más tarde.

El 23 de mayo de 2019, la junta de gobierno local autorizó que el Ayuntamiento abonase la defensa jurídica externa de estos empleados ya que los hechos están vinculados a su labor profesional. Así, tanto el Estatuto del Empleado Público como el convenio municipal y la jurisprudencia recogen el derecho de los empleados públicos a ser defendidos por los servicios jurídicos de la administración en la que trabajan cuando se investigan judicialmente unos hechos vinculados a su labor profesional. Ahora bien, si hay “conflicto de intereses” entre la administración y el trabajador, se permite la posibilidad de que puedan contratar a un abogado externo que será sufragado por la administración.

La autorización del abono fue respaldada entonces por los informes de la Secretaría, la Intervención y la asesoría jurídica. Así, tal y como apuntaba el secretario municipal al dar su beneplácito a la autorización del pago, este adelanto estaba condicionado a que no hubiera “sentencia condenatoria”.

El pasado lunes se conoció que el fallo de la Audiencia Nacional fue recurrido ante el Tribunal Supremo por una de las técnicos, aunque con posterioridad se adhirieron a su escrito el resto de trabajadores municipales. Sin embargo, este recurso no fue presentado por el abogado que la defendió en la vista oral en la Audiencia Nacional, sino por una letrada que está vinculada al bufete que actualmente gestiona la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

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