El juicio por la estafa de los pagarés de Nueva Rumasa en la Audiencia Nacional se encuentra ya en su quinta semana de duración continuando con la declaración de testigos solicitados por cada una de las partes personadas.

En la sesión de este martes prosiguieron con la intervención de más inversores que aportaron dinero al grupo pero que no se les devolvió todo el importe transferido. Se da la circunstancia de que la mayoría de ellos comparecieron ante el tribunal mediante videoconferencia desde la sede jerezana de la Audiencia Provincial en la avenida Alcalde Álvaro Domecq. 

El grueso de los perjudicados que declararon en esta jornada gestionaron su inversión a través del denominado como ‘Banquito de Jerez’, una delegación que el grupo Nueva Rumasa tenía inicialmente en la calle Porvera y que en los últimos años de vida del grupo operó desde las bodegas que tenía Ruiz-Mateos en la calle Pizarro —este complejo bodeguero ha sido demolido recientemente para la construcción de viviendas—.

Los testigos que comparecieron este martes recibieron letras de cambio emitidas por dos sociedades del grupo, Zoilo Ruiz-Mateos SA y Complejo Bodeguero Bellavista SL, que entraron en concurso de acreedores a finales de 2011. Algunos de ellos apuntaron ante el tribunal que llegaron a percibir parte de los intereses comprometidos, pero no el capital aportado. En cambio, otros ni siquiera percibieron los intereses porque optaron por ir renovando las letras año a año hasta el 'crash' del conglomerado empresarial.

En esta oficina, según declararon algunos testigos, les atendió José Ramón Romero López, quien se apunta en el auto de apertura de juicio oral, y que se encuentran también procesado en esta causa, era el responsable de las “operaciones financieras” que se hicieron desde el ‘Banquito de Jerez’. Algunos de ellos señalaron que en esta oficina se le mostraron fotografías sobre las inversiones que se estaban realizando y le daban testimonio, incluso, de que había trabajadores que habían invertido sus ahorros en el grupo. Este empleado del grupo fue posteriormente sustituido por Rufino Romero de la Rosa, también procesado.

Según la investigación judicial, se desconoce el destino de “los cuantiosos fondos" en metálico que los inversores entregaron en mano en la oficina de Jerez, a los que se suman unos 23,9 millones captados mediante transferencias o cheques que se ingresaron en dos cuentas del grupo. Las estimaciones apuntan que los Ruiz-Mateos dejaron de devolver a los inversores un total de 60,9 millones de euros del total de fondos captados desde el ‘Banquito de Jerez’.

Al igual que hicieran otros inversores, los afectados señalaron que tomaron la decisión de aportar dinero por la confianza que les daba el grupo o la figura de José María Ruiz-Mateos padre, por el consejo de amigos o bien por los anuncios que vieron en publicidad en los medios de comunicación. En este caso, recibieron letras de cambio en lugar de pagarés, como otros afectados, porque fue la propuesta que recibieron desde la delegación jerezana de Nueva Rumasa.

Algunos de los testigos apuntaron en su declaración que mantuvieron reuniones o recibieron cartas de la familia Ruiz-Mateos donde les garantizaba que les devolverían el dinero invertido a pesar de que comenzaron a hacerse públicos los problemas económicos de las empresas del ‘holding’.

También intervinieron como testigos a propuestas de las defensas de los acusados algunos antiguos trabajadores del grupo en Jerez quienes incidieron en que la toma de decisiones estaba centralizada en la figura de José María Ruiz-Mateos padre. Uno de ellos comentó que el movimiento de liquidez de todas las empresas de Nueva Rumasa estaba centralizado en la denominada ‘caja única’ que se gestionaba directamente desde Madrid. Mientras, otro exempleado aseguró que, cuando se declararon los primeros concursos, entre la plantilla había una sensación de que la situación del grupo "era salvable" ya que la familia les había apuntado que había inversores interesados en el grupo. 

En el juicio por los pagarés de Nueva Rumasa, que desde el pasado 29 de enero se está celebrando en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, están procesadas 15 personas, entre ellas los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, por los delitos de estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Para los descendientes del empresario, que falleció en 2015, la Fiscalía solicita 16 16 años de cárcel para cada uno de ellos. 

La próxima sesión está prevista para el próximo lunes día 4.