Once bufetes compiten por hacerse con la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Jerez

Once bufetes de abogados han presentado una oferta para hacerse cargo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Jerez. En estos días, el departamento de contratación municipal está realizando los informes necesarios para determinar qué firma se encargará de esta prestación, que lleva externalizada desde 2017, durante los próximos tres años.

Al Consistorio jerezano le urge cerrar pronto esta licitación puesto que en el mes de abril expira el contrato con Sanguino Abogados, que es la actual prestataria de este servicio. Este bufete sevillano aspira a mantener la prestación puesto que es uno de los que ha presentado oferta a esta licitación. También lo ha hecho Martínez Escribano Abogados y Economistas, que ha estado al frente de la asesoría jurídica en materia de recursos humanos.

Entre los aspirantes también se encuentra el bufete jerezano Cosano y Asociados. Además, competirá con Andersen Tax Legal Ibera, Bores y Cía Abogados, Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, Gaona Palacios y Rozados Abogados, KPMG Abogados, Lébeq Abogados, Salinero y Bautista y Unive Abogados. La mayoría de ellos tienen su sede en Sevilla, aunque también hay firmas con sede social en Madrid.

Según se recoge en el pliego de condiciones, la propuesta económica que hayan presentado supondrá hasta un 40% de la valoración; mientras, un 30% de la nota se la llevará su memoria técnica donde deben exponer sus métodos de trabajo y sus cauces de comunicación con el Ayuntamiento. Asimismo, se valorará la experiencia de los abogados que formarán parte del equipo o el tiempo de respuesta a preguntas jurídicas que realice el Ayuntamiento, entre otros factores.

La licitación tuvo que suspenderse el pasado mes de enero por unos errores y omisiones que se detectaron en los pliegos de condiciones que la regulaban. Así, además de unas diferencias que había en el expediente sobre el tiempo de la duración del contrato, no se recogía el coste total del servicio puesto que no se habían tenido en cuenta la parte de las costas judiciales que tendría derecho a percibir el bufete que preste este servicio. Todo esto motivó que, incluso, el Partido Popular presentara una solicitud al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía para que suspendiera cautelarmente el procedimiento de contratación.

Finalmente, el gobierno municipal decidió suspender el procedimiento y rectificar el pliego en los mismos términos que el PP había denunciado ante el órgano fiscalizador de la contratación pública en la comunidad autónoma.

El Ayuntamiento lleva más de cuatro años con la asesoría jurídica externalizada ya que sostiene que no cuenta con funcionarios en la asesoría jurídica municipal y que tener este servicio contratado a un tercero le resulta más barato que tener a seis letrados en plantilla. El coste del contrato será de unos 404.000 euros aproximadamente (impuestos incluidos), aunque en el caso de que se prorrogue por otros dos años el coste superaría los 700.000 euros.

El Ayuntamiento jerezano tiene una media de unos 417 procedimientos judiciales. Más de la mitad de ellos se tramitan en la jurisdicción contenciosa, aunque los casos en la vía social casi alcanzaron el centenar el año pasado.