Emuvijesa no pierde la esperanza. A pesar de que han pasado casi ocho años desde que la empresa municipal de vivienda terminara y entregara los últimos bloques de viviendas que construyó (los de Cerrofruto 2, en la avenida de la Libertad), sigue buscando alguna fórmula que le permita, si no promover, al menos vender a un tercero que haga viviendas de protección oficial en la ciudad.  

El problema es que la mercantil municipal sigue sin tener acceso a la financiación necesaria para embarcarse en la construcción de nuevas viviendas. Tiene suelo e, incluso, los proyectos; pero le falta el dinero que le preste las entidades bancarias, tal y como reconocía su gerente, Antonio Sánchez Mato, durante una comparecencia pública junto a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la delegada de Vivienda, Ana Hérica Ramos, para presentar el texto definitivo del plan municipal de suelo y vivienda que fija la estrategia en materia de la ciudad hasta 2023.  

La promoción de la avenida de la Libertad, que permitió la demolición de los antiguos bloques de Cerrofruto, se entregó en 2013, en plena crisis del ladrillo. Fue de los pocos proyectos que la empresa municipal pudo terminar a pesar del ‘crash’ inmobiliario de 2008 junto a otras promociones como la del edificio Calipso (en la avenida Rey Juan Carlos I), en la avenida Nazaret y en El Portal, estas últimas entregadas en 2012. Sánchez Mato señaló que en aquel momento a otras que estaban previstas se les retiró la financiación que les había sido concedida inicialmente.    

“Tenemos suelos y tenemos los proyectos, pero nos faltan los recursos económicos”, sentenció el gerente de la mercantil municipal a preguntas de este medio sobre la posibilidad de que Emuvijesa pueda volver a corto o medio plazo a promover viviendas protegidas. De hecho, este responsable apuntó que, ahora mismo, esta posibilidad “es totalmente inviable por la situación económica” provocada por la pandemia del coronavirus, aunque espera que la situación se pueda revertir en lo sucesivo. “Lo tenemos preparado para empezar las promociones que hagan falta”, agregó. 

Mientras tanto, Emuvijesa trata de vender suelo para que la iniciativa privada realice viviendas de protección oficial. A día de hoy, por ejemplo, ofrece una parcela de 7.800 metros cuadrados en Pozoalbero donde se podrían construir hasta 144 VPO (la empresa municipal tiene elaborado el proyecto e, incluso, la licencia de obras concedida desde 2008). También tiene puesto el cartel de venta para otros suelos ubicados en el Pago Percebá (en la avenida Rey Juan Carlos I), en las inmediaciones de la rotonda Michelín o en las proximidades de la antigua fábrica de botellas. Incluso, busca comprador para la Bodega Cristal, en la calle Doctor Luis Romero Palomo, donde ofrece la posibilidad de que se puedan construir viviendas libres o de protección oficial.   

Ahora bien, a falta de cerrar las cuentas de 2020, la crisis del covid ha golpeado a la sociedad municipal que ha necesitado de una inyección extraordinaria de 200.000 euros del Ayuntamiento para reequilibrar sus cuentas. Este importe se suma a los 1,7 millones de euros que tenía presupuestado el Ayuntamiento como transferencia corriente a esta sociedad. El motivo es que los impagos o las moratorias aplicadas en las rentas de los pisos municipales han reducido  una de las principales vías de ingresos que tiene la mercantil municipal.  

El nuevo destino del millón de euros para comprar pisos

Por otro lado, el gobierno municipal está ahora inmerso en buscar una alternativa en la que gastar los 950.000 euros que tiene reservados del presupuesto de 2017 para políticas de vivienda. Este importe, procedente de los fondos europeos Edusi, iba a destinare en un principio a la compra de viviendas que se destinarían a alquileres sociales. 

Sin embargo, las dos licitaciones que puso en marcha para que los dueños de viviendas presentaran ofertas quedaron desiertas (una en 2019 y otra en 2020). En la primera, no se presentaron ofertas; mientras, en la segunda, a pesar de que hubo licitadores, tuvieron que rechazarse ya que los inmuebles propuestos no cumplían con los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Ahora, el gobierno municipal trabaja la posibilidad de destinar este dinero en “alojamientos de emergencia social”, según lo apuntado por la delegada de Vivienda. Aunque sin ahondar en la propuesta definitiva, la edil avanzó que la Delegación de Acción Social está trabajando en esta alternativa para atender mejor esta demanda. Según lo apuntado por la edil, esta Delegación recibe en torno a  unas 70 solicitudes de viviendas de emergencia social a lo largo del año.