Los contratos de exclusión social enfrentan a CCOO y Ayuntamiento

CCOO denunció ayer la situación de "desamparo" en la que se encuentran los 433 trabajadores que se acogieron a los contratos de exclusión social del Ayuntamiento. Ante la reunión mantenida en el día de ayer con los empleados, el sindicato informó de que, según la portavoz del grupo afectado, "en la primera entrevista que se realizó se les garantizó un tipo de contrato que en nada tiene que ver con el que firmaron finalmente".

"Ante la indignación por el engaño por el contrato a tiempo parcial de menos de media jornada, es decir, 'los mini jobs' del Gobierno, este colectivo por boca de su portavoz solicitaron que se dé una solución satisfactoria a esta injusticia de la que han sido objeto", apuntaron desde el sindicato. De esta forma, CCOO denunció el "agravamiento de exclusión social que se verán todas estas personas una vez que vayan llegando a la finalización del contrato de trabajo, ya que perderán todo derecho a seguir percibiendo prestación social alguna, ni siquiera aquella que venían percibiendo anteriormente a la contratación, algunas de estas trabajadores son familias numerosas y se quedaran sin ninguna prestación social". Desde CCOO instaron al Ayuntamiento a la "sensibilidad social y que se siente con los afectados y reconducir esta grave situación y dar una solución satisfactoria a esta alarmante situación".

El Ayuntamiento no esperó mucho para responder a estas críticas e informaron que "se han cumplido" las bases del Programa de Ayuda a la Contratación del Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la Exclusión Social en Andalucía. El Consistorio recordó que ha llevado a cabo la contratación de 433 personas como peones optando por una relación laboral de tres meses, "y no de quince días, cumpliendo con lo establecido en el decreto de ayuda a la contratación, ya que los ayuntamientos tenían la posibilidad de elegir entre contratos con una duración entre 15 días y tres meses".

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, señaló que el Consistorio, como otros municipios, optó por esta contratación al entender que un contrato de quince días "permite poco reducir el riesgo de exclusión social en los beneficiarios, ya que dicha relación laboral proporciona unos ingresos muy escasos frente a los tres meses de contrato. En cuanto a los salarios devengados, el decreto regula que la financiación de la Junta por contrato no debe superar, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los mil euros mensuales. Por este motivo y de cara a poder beneficiar al máximo de personas, el coste de los contratos se ha ajustado a lo establecido en el decreto que deber ser al menos igual a la financiación de 1.300.000 euros aportada por la Junta de Andalucía".

La delegada remarcó que la actitud del Ayuntamiento, desde que la Junta aprobó el decreto contra la exclusión social, ha sido "totalmente constructiva y de apoyo en medios humanos y materiales, y con sus propios recursos". Asimismo, informó de que esta semana la alcaldesa va a mantener una reunión con estos trabajadores "para aclarar las dudas que tengan sobre la aplicación del decreto y conocer de primera mano las necesidades que hayan podido plantearse en la aplicación del decreto. El Ayuntamiento siempre va estar en las acciones que beneficien a la ciudad. Nadie nos puede reprochar el trabajo que se ha llevado a cabo para desarrollar este decreto". Paredes también quiso subrayar "la necesidad" de que se apruebe un nuevo decreto y avanzó que el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a la Junta de Andalucía un nuevo decreto con más financiación para poder dar respuesta a la situación actual.

Isabel Paredes recordó que el Ayuntamiento efectuó "un importante esfuerzo" para desarrollar el programa de ayuda a la contratación. En este sentido, el personal municipal "atendió y recogió la documentación exigida a 2.874 personas que, durante el plazo abierto hasta el pasado 24 de agosto". "De estas personas, 2.121 reunían los requisitos fijados en las bases, lo que supuso dejar fuera de la contratación a 1.688 personas que, aún reuniendo los requisitos no pudieron ser contratadas por falta de más financiación de la Junta", informó la responsable municipal.

Paredes recordó además que el Ayuntamiento aprobó en el pasado pleno instar a la Junta de Andalucía para que lleve a cabo medidas presupuestarias y de coordinación entre administraciones, al objeto de atender por parte de los colegios las solicitudes tramitadas y enviadas por los Servicios Sociales municipales, cubriéndose así las necesidades de refuerzo de alimentación de los menores. Este acuerdo tiene como objetivo atender las necesidades de alimentación básicas de las personas menores en Andalucía que se encuentren en una situación de exclusión social o en riego de padecerla, de acuerdo con lo recogido en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el año 2013.

Asimismo, el Ayuntamiento en pleno también aprobó solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que se active la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía creada por este decreto de medidas extraordinarias y urgentes. El Ayuntamiento solicitó su incorporación el 23 de mayo de 2013, "pero desde entonces no sabemos nada porque dicha red sigue sin funcionar", añadió Paredes.