El juez embarga a los Ruiz-Mateos 220 inmuebles, fincas y obras de arte

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo a la familia Ruiz-Mateos de 220 inmuebles, varias fincas rústicas, vehículos de alta gama y un centenar de obras de arte. La orden judicial se enmarca en la investigación para revelar el destino de los casi 300 millones de euros que 4.110 inversores depositaron en pagarés de las empresas de Nueva Rumasa a cambio de un interés que oscilaba entre el 8 y el 12 por ciento.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) practicaron el miércoles al menos siete registros en propiedades de la familia Ruiz-Mateos, entre ellas el domicilio familiar en Somosaguas (Madrid).

Después de quince horas de registro, que acabó de madrugada, la Policía abandonó la vivienda con varias cajas y bolsas que contenían diversa documentación incautada en el inmueble.

Pasada la medianoche, las fuerzas de seguridad impidieron el acceso a la vivienda de dos de los hijos de Ruiz-Mateos al coincidir su llegada con el momento en el que se procedía a la retirada de la documentación y objetos incautados. En el interior del inmueble permanecían José María Ruiz-Mateos, su hijo Zoilo y la mujer de éste, que a media tarde accedió al inmueble.

Hasta 15 agentes, con la ayuda de perros de la unidad canina policial, participaron en el registro en el domicilio familiar y en un chalé vecino que se utilizaba como oficina en busca de cualquier indicio que pueda revelar el destino del dinero que los Ruiz-Mateos captaron de inversores a través de las 13 emisiones de pagarés conocidas hasta ahora y que fueron avaladas por distintas empresas de Nueva Rumasa.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, de los 337,37 millones de euros invertidos en pagarés, a día de hoy aún faltan por pagar 289,11 millones, que supone el 75% entre el principal y los intereses.

El juez Pablo Ruz prorrogó a mediados de enero el secreto de sumario para una pieza aparte de la investigación dentro de la causa abierta por la Audiencia Nacional contra José María Ruiz-Mateos, su esposa Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y gestión desleal.

Mientras se procedía al registro se conoció que, dentro de la causa contra los Ruiz-Mateos, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado de la familia durante más de 27 años, Joaquín Yvancos, contra el nuevo propietario de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia, así como contra una hija de Ruiz Mateos (Rocío) y su marido, todos ellos imputados por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Por otra parte, la administración concursal de la chocolatera Trapa pidió ayer "con carácter de urgencia" al juzgado el embargo preventivo de los bienes y derechos de los anteriores administradores sociales de esta sociedad de Nueva Rumasa, incluido José María Ruiz Mateos, para responder solidariamente de una cuantía de 97,5 millones de euros.