Los empresarios del Parque revelan un trato desigual en las subvenciones

La gestión que se hizo en torno al Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez fue, cuando menos, de muy dudosa eficacia y profesionalidad. Una vez que los acusados ya hayan prestado declaración, junto a altos cargos municipales y, sobre todo, el principal testigo de cargo, Jesús Parra, ayer le tocó el turno a los empresarios del PTA, a las personas que apostaron por el parque y que en muchos casos se vieron sorprendidos por lo que se podría considerar como una discriminación en el trato recibido y en las condiciones ofertadas.

En la sesión de ayer, celebrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, pasaron por el estrado conocidos hombres de negocios de la ciudad, como fueron los casos de los representantes de las compañías Gómez Beser, Catering Alfonso, De Luque, Ecológico y IV Gama o Savoire Faire Restauración.

Algunos de ellos dijeron que nunca les dijeron nada de que hubiera subvenciones para instalarse en el PTA. Otros, por su parte, indicaron que en dichos momentos (pacto entre Pacheco y Pilar Sánchez) se les enviaron cartas diciéndoles que se estaba estudiando la manera de subvencionar el pago del suelo a ocupar por las compañías, así como que se iba a buscar financiación. Algunos recibieron cartas. Otros no. La carta en cuestión venía a señalar que el Ayuntamiento, "a través del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) concedería las subvenciones que correspondieran". A este respecto cabe destacar que en dicho escrito se señalaba que el delegado por entonces de Medio Rural, Miguel Cabeza (que dijo no saber nada en su declaración) remitiría en breve una propuesta de subvención.

Tras esta declaración de 'intenciones', léase entre comillas, algunos recibieron las cartas y otros no, pero no sucedió absolutamente nada.

Algunos empresarios vinieron a decir que cuando firmaron la escritura pública del suelo se les comunicó que "no había dinero" alguno para la subvención.

Fue por ejemplo el caso de Gómez Beser, que ni siquiera recibió la carta. A él le informaron de que el ministerio de Agricultura iba a dar una subvención. A tal efecto habló tanto con el por entonces delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, como con Lebrero (IPDC) y el técnico Jesús Parra. Después, en el momento clave, le dijeron la 'frase maldita': "No hay dinero". Cabe destacar que este empresario tenía propuesta una subvención del 20% del precio del terreno que iba a ocupar en el PTA pero éste desconocía tal extremo.

Un dato especialmente curioso es que mientras Pilar Sánchez movió presuntamente a sus técnicos y políticos para que a TISA (la empresa que también se sienta en el banquillo) se le retirara la obligación de presentar un aval, Gómez Beser por ejemplo tuvo que solicitar uno por valor de 80.000 euros. La sospecha de que a nadie se le trataba exactamente igual al instalarse en el PTA sobrevoló ayer la Audiencia.

En caso de que no hubiera aval se firmaba un convenio el cual, además, no garantizaba que los intereses públicos quedaran perfectamente protegidos. TISA fue la primera empresa que pidió el referido convenio privado (para evitar el aval) y se le concedió este trato preferencial. A otras empresas se les dijo que no cabía la posibilidad de dicho convenio.