El Ayuntamiento de Jerez y, por ende, la empresa Aquajerez, asumirá la gestión del agua en las pedanías de Guadalcacín, Estella y Torrecera, tras aprobarse en el pleno celebrado este jueves la encomienda de gestión que habían solicitado estas entidades locales. La propuesta, que ya se llevó a una sesión a finales de septiembre y que fue rechazada, salió adelante con los votos del PSOE y del Partido Popular, que meses antes se había posicionado en contra de este asunto. 

Este debate volvió a ser bronco, donde Izquierda Unida puso en duda la legalidad de la medida al considerar que se está haciendo una adjudicación sin concurso del servicio a una empresa privada. Mientras, el gobierno municipal defendió la propuesta señalando que se procederá a “regularizar” una situación que ya se da “de facto”, según palabras de la alcaldesa, Mamen Sánchez, además de incidir en que las tres pedanías lo han solicitado ya que no tienen “recursos humanos y técnicos” para la prestación de este servicio.   

Al igual que hicieran a mediados del pasado año, las tres juntas vecinales habían solicitado de nuevo que el Ayuntamiento jerezano asumiera esta prestación. El delegado de Urbanismo y Sostenibilidad, José Antonio Díaz, respaldó la propuesta señalando que, aunque su grupo tenga su “posición ideológica sobre el agua”, deben “respetar la decisión de estos tres ayuntamientos desde el sentido común, la sensatez y la responsabilidad política”. “Es una cuestión de salud pública, independientemente de los intereses ideológicos y partidistas”, dijo. 

Mientras tanto, el portavoz de Izquierda Unida, Raúl Ruiz-Berdejo, acusó al ejecutivo municipal de llevar a cabo un “imperial y patente fraude en la contratación”. Así, puso en duda el procedimiento seguido para la gestión de este servicio (la encomienda de gestión) y acusó al ejecutivo y al actual alcalde de Torrecera, Francisco Arcila, de “esconder” una sentencia judicial de 2020 que ratificaba la competencia de esta pedanía para gestionar el agua desde 2016.  

Raúl Ruiz- Berdejo y José Antonio Díaz, en pleno debate.

En esta misma línea, la edil de Ganemos Jerez Kika González incidió en su posicionamiento contrario a la “privatización del agua”. “Lo que no queremos para Jerez, no lo queremos para sus pedanías”, dijo.  

El PP fue el único partido que varió su voto respecto al posicionamiento en la sesión celebrada a finales de septiembre. Su portavoz, Antonio Saldaña, justificó este cambio de postura en que los alcaldes de las tres pedanías se han reunido con su grupo “para pedirnos que demos un paso al frente”. En cambio, le reprochó al ejecutivo del PSOE que no llamaran a su grupo “para pedirnos el voto”.  

Mientras tanto, Ciudadanos justificó su abstención en que tienen dudas jurídicas sobre la encomienda de gestión. Manuel Méndez, portavoz de este partido, dijo: “Utilizar una figura como la encomienda de gestión para adjudicar directamente el servicio de abastecimiento a una empresa es forzar la ley”. Incluso, expresó su temor de que las pedanías “pierdan la titularidad y las competencias sobre este servicio”.  

Cambios en las plantillas de dos ayuntamientos pedáneos

Este no fue el único asunto vinculado a las pedanías que se abordó en la sesión plenaria celebrado este jueves. Previamente al debate de la gestión del agua, el pleno dio su visto bueno a que se modifique la plantilla presupuestaria de los ayuntamientos de El Torno y San Isidro para que puedan incorporar un puesto de auxiliar administrativo de cada uno de ellos.

Este acuerdo parte de la decisión adoptada por el Ayuntamiento jerezano de "regularizar” la situación del personal que tenía cedido a estas pedanías desde hacía años. Esto provocó que se quedaran sin personal para atender determinados servicios. La propuesta que le hizo el ejecutivo fue la suscripción de un convenio para asumir el coste de este personal municipal mientras tramita la oferta pública necesaria para cubrir esas plazas.

El acuerdo de pleno va encaminado a adoptar ese primer paso para poder realizar las convocatorias de personal. Sin embargo, el PP votó en contra alegando que este acuerdo “discrimina” al Ayuntamiento de La Barca. La delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, negó esta acusación señalando que, una vez se cuente con un informe de la Intervención Municipal, se podrá aprobar en la junta de gobierno la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento barqueño, tras la petición realizada por su alcalde, Alejandro López.