La gestora de la 'caja única' de Rumasa entra en suspensión de pagos

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha declarado el concurso necesario de acreedores de Bardajera, la sociedad que gestionaba la 'caja única' de Nueva Rumasa, y ha ordenado un embargo preventivo por valor de cinco millones de euros contra sus administradores.

"Según la solicitud de concurso necesario, Bardajera está relacionada con el conglomerado empresarial de Nueva Rumasa, con numerosos concursos declarados de sus sociedades y con procesos penales incoados contra sus gestores", recoge el auto judicial. El juez señala que en esta sociedad se habrían invertido sumas extraídas de otras sociedades del grupo de la familia Ruiz-Mateos, "sin recibir éstas contraprestación de ninguna clase".

Los Ruiz-Mateos solicitaron el concurso voluntario para esta empresa en junio de 2011, pero al mes siguiente desistieron "inexplicablemente" de la solicitud, según fuentes jurídicas. Finalmente, el juez declara el concurso con carácter "necesario", al haber sido solicitado este procedimiento al menos por la administración concursal de Carcesa, otra de las empresas de Nueva Rumasa.

El juez, que aparta a los administradores de Bardajera de la gestión, señala en el auto que esta sociedad ha actuado con "toda rebeldía" ante la solicitud de concurso necesario y advierte de que "tanto la falta absoluta de colaboración, optando por la rebeldía, como el posible retardo temporal en la presentación de concurso constituyen supuestos normativos de calificación del concurso como culpable".

Así, decreta como medida cautelar el embargo preventivo de bienes de los administradores de la entidad y de quienes hubieran tenido tal consideración en los últimos dos años para responder solidariamente por una suma de cinco millones de euros. Y en este sentido, cita a las personas embargadas para que comparezcan en el Juzgado, bajo advertencia expresa de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad y de sufrir multas coercitivas, que detallen "con precisión" bienes y derechos de su patrimonio personal para efectuar el embargo, y que indiquen cualquier inmueble que hubieran enajenado en los dos últimos años.