Las interventoras municipales Milagros Pérez y Milagros Abascal declararon ayer por espacio de tres horas ante el juez De la Mata en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Provincial. Las declaraciones se enmarcaron dentro de la investigación que la Justicia ha emprendido para comprobar la forma en la que Jerez estuvo representada en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en su edición de 2004. La concesión de contratos a empresas de la denominada 'trama Gürtel' está siendo analizada, más bien radiografiada, por el magistrado de la Audiencia Nacional.

Ambas interventoras acudieron ayer acompañadas de su abogado, el conocido letrado jerezano Manuel Hortas, ya que lo hicieron en calidad de imputadas, algo que se entiende desde la defensa como un hecho garantista por parte del juez más que de una seria sospecha de que ambas pudieran haber cometido delito alguno.

Las declaraciones fueron largas, especialmente la de Milagros Pérez, que se prolongó durante hora y media. En la misma, la interventora municipal informó a la autoridad judicial de cuáles fueron sus misiones en este caso, tales como "fiscalizar y ordenar los pagos tras comprobar que los mismos se ajustaban a los contratos firmados". Quedó claro que la labor de la intervención no consiste en "entrar si los contratos eran correctos o no", ya que dicha labor corresponde a otras instancias administrativas.

"Los interventores, en virtud de la documentación que se les entrega, comprueban que las actuaciones financieras (pagos) sean las adecuados a derecho. Ellas hacían control de legalidad, la fiscalización, pero no son las responsables de la veracidad de dichos contratos. No entran en valorar de cuando son o no, si son reconstruidos posteriormente o no, no tienen acceso a esa información. Sólo comprueban la legalidad de que la obra o el trabajo en cuestión estén ejecutados y que no se gaste el dinero en otra cosa que no sea eso".

Manuel Hortas señaló igualmente que "el hecho de que los contratos se hicieran antes o después, algo que esta parte desconoce, no les afecta pues la información que ellas tienen se ajusta a los pagos que deben confirmar".

Por su parte, el representante del bufete Cosano , Manuel Jesús Vázquez (que defiende a la ex alcaldesa García-Pelayo y a un ex secretario municipal) destacó que las declaraciones de las interventoras "vinieron a confirmar que la actuación que hubo que afrontar fue extraordinaria, porque se trató de una edición de Fitur nada normal, con presencia individualizada y un gran despliegue de medios". Desde esta parte se insistió igualmente en el hecho de que el Plan de Excelencia Turística que lo permitía se firmó apenas dos meses antes con la Junta y los empresarios del sector, "lo que provocó que hubiera muy poco margen de tiempo y hubo que ir a entonces a los procedimientos legales que permitieran llevar a cabo estas contrataciones".

Para Manuel Jesús Vázquez, "las interventoras han acreditado todo ello, así como que la tramitación del expediente no se salió de la normalidad, pues era ajustado a la norma". También vinieron a señalar respecto al pago de las facturas sobre la retención (fianza) que no hubo lugar a la misma pues los servicios prestados lo fueron a satisfacción plena del cliente. "Hacerlo no tenía sentido".