Así está el Museo del Flamenco, 14 meses después de su paralización

La Junta de Andalucía ya ha rescindido el contrato con la empresa a la que adjudicó la construcción del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez. De este modo, y una vez tenga el nuevo proyecto de obras, cuya redacción se ha iniciado ahora tras un nuevo proceso de licitación, podrá contratar a una nueva compañía para que concluya los trabajos de este futuro equipamiento museístico, un trámite que la Consejería de Cultura espera tener listo antes de que acabe el año.

Fue a principios del mes de marzo cuando la secretaría general técnica de la Consejería de Cultura firmó la resolución por la que se procedió a la resolución del contrato que en 2021 firmó con la constructora Díaz Cubero SA para la ejecución de este equipamiento llamado a ser uno de los principales atractivos de la ciudad. De este modo, se dio fin a una tramitación que se inició en mayo de 2024 debido a los incumplimientos de los compromisos adquiridos por la constructora. La obra se encuentra parada desde marzo del año pasado y, según los informes técnicos, está a poco más de un 50% de ejecución. La propuesta de rescisión cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía, que se pronunció al respecto a finales de febrero.

En la resolución se hace un recorrido por las vicisitudes que ha tenido la obra desde que se inició en noviembre de 2021 y en la que se hicieron hasta dos modificaciones de proyectos, aunque el último no se terminó de tramitar debido a la paralización de los trabajos. La firma Díaz Cubero SA se hizo con la adjudicación de este espacio museístico proyectado junto a la plaza Belén. Las obras comenzaron de manera oficial el 24 de noviembre de 2021 y tenían un plazo de ejecución de 23 meses y un presupuesto de adjudicación de más de 5,8 millones de euros.

Dos cambios de proyecto y una ralentización de las obras

Los problemas empezaron a finales de 2022 cuando la obra tuvo que paralizarse durante algo más de un mes debido a las obras de reurbanización de la plaza del Arroyo que estaba ejecutando el Ayuntamiento, unos trabajos que impedían la llegada de materiales y de maquinaria pesada. Ya por aquel entonces, la dirección facultativa de las obras había presentado una propuesta para modificar el proyecto, un documento que no se aprobó de manera definitiva hasta septiembre del año siguiente, que conllevaba un sobrecoste de más de 800.000 euros respecto al presupuesto inicialmente previsto. Mientras, en el verano de 2023 se empezó a tramitar una segunda modificación del proyecto, que conllevaba otro incremento del presupuesto previsto en algo más de 330.000 euros, aunque esta no llegó a concluirse.

Sin embargo, es a partir de septiembre de 2023 cuando la dirección facultativa, según se apunta en la resolución de la Junta, empezó a detectar que se estaba produciendo una "demora en el ritmo de ejecución de la obra", que debería haber estado concluida en mayo de 2024. Además, alertó en ese momento de "la reducida presencia del equipo técnico de la obra". Y es en marzo del año pasado cuando ya se constató que en la obra únicamente había un vigilante, sin que hubiera operarios trabajando.

En paralelo a esto, la Junta empezó a tener conocimiento de las demandas presentadas por, al menos, dos empresas subcontratadas por impago por parte de la empresa adjudicataria. Incluso, había una tercera que también le comunicó la deuda que la constructora tenía con ella. De este modo, y tras varios requerimientos a la empresa, la Consejería de Cultura inició los trámites para rescindir el contrato.

El dictamen del Consejo Consultivo

Tal y como establece la normativa en este tipo de procedimientos, estos requieren del beneplácito del Consejo Consultivo de Andalucía, que se pronunció a finales de febrero determinando que estaba justificado la finalización del contrato con la empresa adjudicataria. En su dictamen deja claro que desde septiembre de 2023 "se ralentizó sensiblemente el ritmo de ejecución de las obras, desviándose del programa de trabajo acordado entre las partes y que dejó de ser habitual la presencia de la totalidad de personas integrantes del equipo de trabajo adscrito a la obra".

El órgano consultivo añade que, aunque en octubre de ese año se estableció un nuevo programa de trabajo tras las modificaciones realizadas en el proyecto, se continuó observando "una baja productividad en la obra, muy por debajo del programa de trabajo aprobado". "La presencia de operarios en el mes de febrero [de 2024] fue testimonial, dos o tres operarios, y en el mes de marzo ninguno", agrega en el dictamen. Y es en ese mes cuando se produce "la paralización total de la obra", según el Consejo Consultivo.

En sus alegaciones, la empresa se escudó en una serie de reclamaciones sobre los costes económicos de la obra, así como en incumplimientos por parte de la Junta, afirmaciones que para este órgano no justifican "un abandono de la obra". Al respecto, el Consejo Consultivo indicó: "El contratista no puede decidir unilateralmente el abandono de la obra como aquí ha ocurrido" por la "frustración de las expectativas económicas" que tenía con este contrato, un argumento que "no le libera de cumplir lo estrictamente pactado ni, consiguientemente, le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar su modificación".

Así, le recordó que, en este tipo de contratos, el adjudicatario asume "a riesgo derivado de las contingencias". "Si por circunstancias sobrevenidas se incrementan los beneficios del contratista derivados del contrato de obra sobre aquellos inicialmente calculados, la administración no podrá reducir el precio mientras que, si las circunstancias sobrevenidas disminuyen, el beneficio calculado o, incluso, producen pérdidas serán de cuenta del contratista sin que este pueda exigir un incremento del precio o una indemnización", agrega.

Tras este dictamen del Consejo Consultivo, la Junta firmó la resolución para rescindir el contrato donde, además, la administración autonómica se incauta de la garantía que abonó la adjudicataria tras hacerse con el concurso público y ejecuta los avales que esta presentó por los materiales acopiados en la obra. Además, estudiará la posibilidad de solicitar daños y perjuicios así como insta a la Consejería de Economía a que analice lo sucedido por si a la compañía debe imponerse la prohibición de contratar con el organismo público por incumplir la normativa.

Una empresa en concurso de acreedores

Actualmente, la empresa Díaz Cubero se encuentra en concurso de acreedores. A mediados de enero de este año, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla emitió un auto declarando el concurso necesario de la compañía y el nombramiento de unos administradores concursales.

En un plan de reestructuración publicado por la compañía en su página web y fechado en septiembre del año pasado, sostiene que la sociedad se encontraba en una "situación de insolvencia" debido principalmente a la "pérdida de rentabilidad de determinadas obras" y por "la imposibilidad de concretar determinadas reclamaciones por liquidaciones o modificados en obras de ejercicios anteriores, cuyo coste de ejecución fue superior al coste presupuestado y al precio contratado".

Por ello, explica que la empresa tuvo que "hacer frente a estos sobrecostes siendo los ingresos obtenidos muy inferiores a los anteriores, lo que impide a la sociedad satisfacer sus obligaciones a corto plazo". Ahora bien, a pesar de la elevada deuda reconocida, en este documento se aseguraba que la firma tenía en ese momento unos derechos de cobro por los sobrecostes generados por los modificados del proyecto de obras, las paralizaciones y el acopio de materiales en el Museo del Flamenco.