CSIF ha denunciado que actualmente no hay magistrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez. La jueza que ocupaba esta plaza, Raquel López-Vizcaino Castro, ha pasado al Juzgado de lo Social número 1 de Jerez tras un acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 13 de diciembre.

En un comunicado, el sindicato advierte que la ausencia de un juez en este juzgado —también ocurre lo mismo en el de El Puerto— implica que “su personal funcionario se encuentra sin cobertura judicial, teniendo que asumir competencias que no les corresponden y viendo cómo se acumulan sus tareas por la paralización y suspensión de juicios, generando mucha más carga de trabajo”. El sindicato alerta de que “los casos más graves y urgentes han de ser resueltos por un magistrado que no es titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer”, una situación que genera también “un obvio perjuicio a las víctimas y familiares”.

CSIF le reprocha al Ministerio de Justicia que “la tan vendida especialización tampoco existe y se incumple de manera reiterada el Pacto de Estado contra la violencia de género, toda vez que no se garantiza la mejora y perfeccionamiento del sistema para erradicar esta lacra”. “Años después de su entrada en funcionamiento el porcentaje de víctimas sigue siendo el mismo, o algo superior, lo que demuestra la ineficacia del mismo y el perjuicio para las víctimas”, agrega el sindicato en un comunicado.

Por ello, advierte de que son los funcionarios “quienes dan la cara ante la ciudadanía, que acude a la Justicia con problemas de máxima relevancia”. “De no ser por unas plantillas excepcionales y su gran profesionalidad, la lucha contra la Violencia sobre la Mujer en la provincia de Cádiz sería inexistente”, añade el sindicato.

Por todo ello, CSIF ha solicitado más implicación del Ministerio en esta materia tan sensible y la inmediata y urgente cobertura de las dos plazas de magistrados que están sin cubrir en los Juzgados de Violencia de Género de la provincia “a fin de evitar más perjuicios al servicio público y, sobre todo, a las víctimas de esta lacra social que nos sigue azotando sin que se encuentre una solución adecuada para erradicarla”.