A mediados del pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas remitió su anteproyecto de informe sobre la situación financiera del Ayuntamiento de Jerez a la exalcaldesa Mamen Sánchez (PSOE) para que presentara las alegaciones que estimase oportunas. No en vano, en sus conclusiones, el órgano fiscalizador cuestionaba la gestión económica realizada por el anterior ejecutivo ya que advierte de que las principales magnitudes han empeorado entre 2020 y 2021, los ejercicios analizados.

Sánchez defiende su gestión reprochándole al órgano fiscalizador que no ampliase el periodo de fiscalización ya que considera que la situación financiera municipal ha mejorado respecto a la que recibió cuando empezó a gobernar en 2015. De hecho, buena parte de su alegación se centra en hacer una comparativa de las principales magnitudes contabilizadas en ese año en comparación con 2021 —obligaciones pendientes de pago, facturas en el cajón, remanente de tesorería y periodo medio de pago, entre otros—.

Para empezar, la exregidora argumenta que el informe debería ampliar su intervalo temporal de análisis iniciándolo en 2014 ya que el “alto endeudamiento” del Ayuntamiento en los ejercicios fiscalizados por este órgano “tiene su origen en la situación económica financiera generada en años anteriores”. Así, sostiene que, aunque la deuda financiera ha aumentado en este periodo, “también es cierto que otros parámetros económico-financieros han mejorado en los ocho años” de su gestión. De hecho, llega a aconsejar al Tribunal de Cuentas que en su informe no realice “una foto fija” de 2020 y 2021, sino que lo contextualice “con los datos de los ejercicios anteriores que condicionaron los resultados de los años posteriores”.

Así, tras reiterar que su ejecutivo empezó a gobernar con un presupuesto prorrogado, unas obligaciones pendientes de pago de más de “287 millones”, deudas tanto con la Seguridad Social como con otras administraciones públicas y empresas concesionarias, unas facturas por reconocer de más de 120 millones de euros, unos ingresos estatales (PIE) retenidos. un “bloqueo de la oposición” que le impidió aprobar la “actualización de las tasas y los precios públicos” y un remanente de tesorería negativo de más de 153 millones.

En cambio, la exalcaldesa afirma que en 2021 las obligaciones pendientes de pago se habían podido reducir a los 107 millones, las facturas pendientes de reconocer a 16,3 millones (aunque la cifra siguió reduciéndose hasta junio de 2023 a poco más de 2,2 millones) y a cerrar ese ejercicio con un remanente positivo de tesorería (algo más de cinco millones). Incluso, apuntó que al final del pasado mandato se consiguió que el periodo medio de pago a proveedores estuviera por debajo de los 44 días.

Por ello, Mamen Sánchez sostenía en el escrito que remitió al Tribunal de Cuentas que durante su gobierno se produjo un “cambio de senda” que ha conllevado “una mejora significativa en todos los parámetros”, de ahí que señale que el Ayuntamiento continuara acogiéndose a los fondos de ordenación, aunque se aumentara la deuda financiera.

De hecho, sobre este incremento del pasivo financiero municipal, la anterior regidora de la ciudad incide en que buena parte de su importe son de adeudos generados por el Ayuntamiento antes de 2015. Y razona que “el 79% de la deuda financiera” —unos 635 millones de euros— corresponden a “deudas de 2015 y años anteriores”, por lo tanto, “deuda no generada en el periodo” en el que fue alcaldesa, una conclusión que, a su entender, debería haber contenido el informe.