El bufete sevillano Martínez Escribano Abogados y Economistas se hará cargo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Jerez durante los próximos tres años. Ha sido la propuesta más valorada de las 11 firmas que han optado a este concurso organizado por el Ayuntamiento de Jerez. Relevará así a Sanguino Abogados, domiciliado también en Sevilla, que ha gestionado este servicio en los últimos años. No obstante, Martínez Escribano ya ha trabajado con el Consistorio jerezano puesto que en 2017 se le asignó el asesoramiento en materia de recursos humanos. 

El gobierno local dio el visto bueno la pasada semana a la adjudicación a esta empresa, aunque este miércoles tuvo que realizar una rectificación en el acuerdo de la junta de gobierno local por un error en la transcripción de la puntuación asignada a las distintas aspirantes. Martínez Escribano asumirá esta prestación hasta 2025 por un importe que rondará los 212.000 euros, impuestos no incluidos, según la propuesta que presentó.

Entre las mejoras que ha planteado al servicio señala que, a los seis letrados con cinco años de experiencia mínima que exigía el Ayuntamiento como equipo humano mínimo, se sumarán más integrantes. Además, afirma que reducirá a ocho horas el plazo de respuesta a las consultas jurídicas que realice el Consistorio —el pliego de condiciones establecía un plazo de respuesta de cinco días naturales—. Además, Martínez Escribano no percibirá ingreso alguno por las costas a las que tenga derecho percibir el Ayuntamiento en los procedimientos judiciales que haya. A las aspirantes se les permitía percibir hasta un 50% de estos importes en el pliego que ha regulado esta concesión.

Fue a principios del pasado mes de enero cuando se inició la licitación de este servicio que lleva externalizado desde 2017 ya que le gobierno municipal sostiene que el Ayuntamiento no cuenta con suficientes funcionarios con el título de licenciado en derecho para poder afrontar los numerosos procesos judiciales que tiene que hacer frente el Consistorio cada año (el año pasado se superaron las 400, según datos del Ayuntamiento).

Incluso, en el informe de justificación de la licitación se argumenta que al Ayuntamiento le resulta más barato contratar este servicio que tener a seis letrados en plantilla. Su propuesta técnica fue la tercera mejor valorada, aunque su oferta económica fue la segunda más baja de las 11 aspirantes.

Sin embargo, días después de abrirse el plazo de presentación de ofertas, el procedimiento se anuló por unos errores y omisiones que se detectaron en los pliegos de condiciones que lo regulaban. Así, además de unas diferencias que había en el expediente sobre el tiempo de la duración del contrato, no se recogía el coste total del servicio puesto que no se habían tenido en cuenta la parte de las costas judiciales que tendría derecho a percibir el bufete que resultara elegido. Esto provocó, incluso, que el Partido Popular presentara una solicitud al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía para que suspendiera cautelarmente el procedimiento de contratación.

Tras esto, el gobierno municipal ordenó la suspensión del procedimiento y procedió a rectificar el pliego en los mismos términos que el PP había denunciado ante el órgano fiscalizador de la contratación pública en la comunidad autónoma.